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A un año que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la Ley de Amnistía, organizaciones que piden justicia por los crímenes cometidos durante el conflicto armado salvadoreño reconocieron avances en el cumplimiento de Derechos Humanos, aunque dejaron entrever que son pocos.
La sentencia de la Sala de lo Constitucional, emitida el 13 de julio de 2016, ordenó una serie de medidas concretas como la adopción de legislación para garantizar el acceso a la información relevante, disponer de recursos necesarios para la investigación y considerar las medidas de reparación para las víctimas.
“Con todas estas demandas se busca el acceso a la justicia, que estas demandas sean reactivadas, que sean estudiadas, investigadas, judicializadas”, expresó Eduardo García, director de la Fundación PRO-BÚSQUEDA.
Las organizaciones destacaron la apertura de cuatro casos este año, que son El Mozote, que se aperturó y pasó a la Sala de lo Contencioso por acciones dilatorias de las defensa, el caso de El Calabozo, el asesinato del ahora beato Monseñor Romero y el de la masacre en San Francisco Angulo, en el departamento de San Vicente.
Sin embargo, de estos casos, García señaló que sólo uno es el que presenta mayores avances que es el de la Masacre en El Mozote y los lugares aledaños. “Vemos con buenos ojos que la Fiscalía General de la República tenga la motivación y buena voluntad de investigar, pero hasta la fecha, no hemos visto resultados concretos. A un año de haberse derogado la ley esperábamos que hubiera un papel más relevante de parte del Órgano de Justicia”, agregó.
Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), agregó que en el último año se han presentado alrededor de 80 casos a la Fiscalía General de la República, y de estos, ninguno presenta hasta la fecha avances significativos.
Las razones que el Ministerio Público argumenta, según Escalante, es que el presupuesto que tiene la institución no es suficiente para cubrir los gastos del grupo especial designado a investigar los crímenes de lesa humanidad y guerra, así como la falta de claridad de cuál unidad será la encargada de llevar estos casos.
“La FGR ha tomado algunas medidas para el cumplimiento de sus obligaciones, pero es preocupante que no se destinen suficientes recursos para cumplir con esta sentencia de la Sala de lo Constitucional mientras otros temas están absorbiendo más atención y más recursos”, manifestó Escalante.
El director de PRO-BÚSQUEDA dijo que el presupuesto no debe ser “excusa” para no dar mandato a lo establecido por la Constitución y consideró necesaria una “reacomodación” de los fondos para que todas las instituciones estatales cumplan con su función.
