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Organizaciones defensoras de derechos humanos de Latinoamérica consideran que la pandemia causada por el nuevo coronavirus (COVID-19) profundizó la situación de vulnerabilidad en la que ya se encontraban miles de niñas, niños, adolescentes y familias en contextos de movilidad humana en la región.
Debido a la pandemia, los Estados pusieron en marcha medidas de contención para mitigar la propagación del coronavirus, sin considerar las necesidades, características particulares y derechos de niños y adolescentes migrantes, desplazados y refugiados.
Lo anterior desencadenó detenciones arbitrarias, deportaciones, rechazos en la frontera, suspensión de trámites migratorios y de solicitud de asilo, hacinamiento, discriminación, violación de derechos humanos, xenofobia y otras expresiones de violencia que afectan principalmente a la niñez y la adolescencia.
De igual forma, las organizaciones de la región sostienen que, debido a las condiciones físicas, económicas, emocionales y sociales en las que se encuentran las familias migrantes, impiden atender las recomendaciones de salud e higiene, además de que incrementa en ellas la ansiedad y frustración al no poder acceder a un empleo o apoyos gubernamentales por la falta de documentos.
Finalmente, existe un gran número de niños, adolescentes y familias que regresan a sus países de origen; sin embargo, este retorno se da en las peores condiciones. “En algunos casos, por ejemplo, en Centroamérica, regresan a los lugares en donde se encuentran las organizaciones criminales que les hicieron huir, aquellas que les amenazaron de muerte”, dice el pronunciamiento de las organizaciones.
Por lo que las organizaciones solicitaron al Comité de los Derechos del Niño y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exija a los Estados de la región las medidas de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad, expresadas por las niñas, niños, adolescentes y por las organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela.
Las organizaciones piden que los Estados de origen, tránsito y destino fortalezcan la capacidad operativa, técnica y financiera de sus sistemas de protección integral de niñez y adolescencia, definiendo y ejecutando medidas de protección especial para la niñez y la adolescencia migrantes, desplazados y refugiados ante el COVID-19, basadas en los enfoques de derechos, de género y sistémico.
Además de que los Estados de origen, tránsito y destino realicen e instrumenten acuerdos bilaterales y multilaterales enfocados a la protección transfronteriza de los derechos de la niñez y adolescencia en contextos de movilidad humana, para garantizar la protección, salud, alimentación, educación y medios de vida durante cualquier etapa del ciclo migratorio, asegurando que las medidas de protección iniciadas por un Estado tengan continuidad en los otros.
De igual forma, las organizaciones exigen que ante la aparición de síntomas del COVID-19, los Estados deben garantizar el acceso a las pruebas de laboratorio para determinar si han contraído el coronavirus, proporcionen los tratamientos de salud requeridos y, para los casos graves, proporcionen espacios de alojamiento dignos para cumplir con la cuarentena en el país en el que se encuentren.
