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Organizaciones ambientalistas y derechos humanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, se pronuncian en contra de los proyectos mineros en zonas de aguas transfronterizas de la región. Foto Diartio Co Latino/René Posada.

Organizaciones reiteran negativa a proyectos mineros en la región

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de Guatemala, Honduras y El Salvador unieron sus voces para pronunciarse en contra de los proyectos mineros ubicados en zonas de aguas transfronterizas de la región centroamericana.

Pedro Cabezas, integrante de ACAFREMIN, calificó de “preocupante” que el proyecto minero “Cerro Blanco”, que antes fuera de la empresa BlueStone Resources, haya sido adquirido por la empresa “Aura Minerals”, una transnacional canadiense de la industria minera.

El pasado mes de octubre la empresa Aura Minerals compró por 74 millones de dólares el proyecto Cerro Blanco, así como, el proyecto geotérmico Mita, que por más de 17 años organizaciones sociales, ecologistas y religiosas de El Salvador y Guatemala han denunciado la posible apertura de dicho proyecto por “prácticas corruptas”, con que han obtenido las licencias de explotación minera y daños socio-ambientales, que impactarán la cuenca binacional Ostúa-Güija-Lempa, de alta vulnerabilidad ambiental.

“Hemos tenido toda una semana de debate sobre la posibilidad de la apertura de la minería metálica y uno de los temas es la contaminación transfronteriza. En diversas ocasiones hemos mencionado que tenemos estudios que registran más de 50 proyectos mineros en la frontera de Honduras y Guatemala”, afirmó.

“Esa contaminación generada en esos países podría generar contaminación en El Salvador, debido a la posición geográfica que tenemos respecto a Honduras y Guatemala. Estamos aguas abajo de estos ríos, somos un país agua dependiente y cualquier contaminación nos va a impactar a nosotros”, aseguró Cabezas.

Asimismo, objetó el manejo que suelen hacer estas empresas industrializadas en los territorios que llegan a expoliar, como las afectaciones de la convivencia social y la contaminación de los bienes naturales de los cuales subsiste la población local.

“Sabemos que estas empresas son responsables de corrupción, son responsables de destrucción del medio ambiente, del desplazamiento de poblaciones y generan conflictos sociales. En toda Centroamérica tenemos más de 30 conflictos ambientales, específicamente relacionados a empresas mineras”, informó.

“En el reporte que anualmente pública Global Witness, siempre lista a Honduras, Guatemala y Nicaragua entre los países más violadores de derechos humanos a personas defensoras. Y como están las cosas en El Salvador, nos vamos a poner al día con el resto de Centroamérica”, agregó Cabezas.

MINOSA en Honduras violenta derechos de pobladores

Pedro Mejía, abogado del “Bufete Estudios para la Dignidad” (BED), explicó que Aura Minerals, opera en Honduras bajo el nombre de MINOSA, y en ese proyecto, instalado en el municipio de la Unión, Copán, al occidente de Honduras, realiza acciones de violencia contra la población indígena de la zona.

“Como Bufete Estudios para la Dignidad, tenemos la representación legal de una comunidad indígena Maya Chortí, porque esta empresa violenta e incumple los marcos jurídicos de los países en donde extraen los metales preciosos”, aseguró.

“Estamos representando a esta comunidad para defender y reivindicar sus derechos frente a los abusos, que son cometidas por la empresa transnacional Aura Minerals, que en Honduras opera bajo la denominación MINOSA”, dijo Mejía.

Sobre el comportamiento de Aura Minerals o MINOSA, Mejía, reafirmó, que la primera características es que “operan con la violación a las normas ambientales”, en donde la destrucción del ecosistema es su primer impacto en los bienes naturales de los territorios en donde se instalan.

“Operan, bajo denuncias constantes de contaminación de aguas por derramar cianuro en las aguas de los ríos. Y operan también sin permisos ambientales en algunas zonas o con permisos ambientales vencidos, lo que produce contaminación alta de los bosques”, reafirmó.

“Y otra, característica es que operan con desprecio a los derechos de las personas, con especial énfasis a las poblaciones más vulnerables como los pueblos originarios y esa violación va de lo individual, a los colectivos, así como normas ambientales”, alegó Mejía.

La última acción de Aura Minerals fue la destrucción de un cementerio Maya-Chortí, que databa de 200 años de antigüedad y que estaba protegido y denominado patrimonio cultural.

Asunción Mita se encuentra en resistencia 

María del Carmen Sifuentes, del colectivo Laudato Si, en Asunción Mita, Guatemala, reiteró, en su mensaje, que continuarán siendo la “resistencia de Asunción Mita”, y están dispuestos a defender sus territorios de la explotación minera.

“Formamos parte de una resistencia pacífica y hemos hecho las cosas basados en la ley que nos debe amparar, pero nos hemos topado con un sistema de leyes en Guatemala muy difícil”, afirmó.

“Nuestra esperanza era que cambiaran a la fiscal general porque mientras ella esté ninguna acción de justicia va a prevalecer en Guatemala, pero seguiremos luchando. Y al escuchar del comportamiento de Aura Minerals, que adquirió Cerro Blanco, vemos que es una cajita de sorpresas, una cajita de Pandora en donde comprobamos que es una empresa transnacional abusiva”, indicó Sifuentes.

La defensora miteca reiteró la defensa de la consulta ciudadana del 18 de septiembre de 2022, en donde la población de Asunción Mita aventajó con el No a la Minería con 7 mil 481 votos, en contra de la minería de Cerro Blanco, frente a una oposición de 904 votos que aceptaban la minería en el territorio.

“Hemos hecho las cosas bien, pero no hemos encontrado en la Corte de Constitucionalidad y de ninguna otra institución del Estado un apoyo o respeto de los resultados de esa consulta que fue libre e informada. Y esta nueva empresa, Aura Minerals, queremos que sepa que no queremos la minería en Asunción Mita”, manifestó Sifuentes.

El proyecto Cerro Blanco, se desarrolla en una propiedad de 174 hectáreas ubicadas en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa, Guatemala – a 14 kilómetros de El Salvador, y opera a través de la subsidiaria Sociedad Entre Mares de Guatemala, S. A. Foto Diartio Co Latino/Archivo.

Mineras no cesan en asedio de pueblos 

“Hemos sostenido una lucha continúa con otros colectivos en contra de la minería transfronteriza”, dijo Vidalina Morales, presidenta ADES Santa Marta, quien señaló de “alarmante noticia” la compra del proyecto minero Cerro Blanco, por Aura Minerals, pero afirmó que la lucha social se extenderá a lo largo de la región.

“Sabíamos que a Cerro Blanco lo había detenido el pueblo miteco, pero como las empresas son avariciosas, siguen presionando tan fuerte, porque el gran capital no cesa en sus intenciones de explotar los recursos minerales a como dé lugar, independientemente lo que los pueblos opinen al respecto”, opinó.

“Los impactos de los proyectos mineros en los lugares en donde se desarrollan serán siempre una gran preocupación y nosotros desde la Mesa Frente a la Minería Metálica, ACAFREMIN, las Ecofeministas y otras organizaciones que están aledañas a la mina Cerro Blanco, hemos repudiado este proyecto y seguiremos”, aseveró Morales.

En cuanto al anuncio del presidente Nayib Bukele, de derogar la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde 2017, Morales indicó que esto genera incertidumbre entre la población mayormente vulnerable, que residen en las zonas de impacto de esta industria que es considerada entre las más contaminantes y nocivas al medio ambiente.

“Esta gran preocupación a nivel nacional, con el anuncio de este gobierno, que ya dio por hecho -según él- que la minería va en este país, pese a la ley de prohibición, que no ha sido derogada, aunque sin duda lo hará la Asamblea Legislativa”, señaló.

“Sabemos que la derogación va, porque si él (Nayib Bukele) tiene interés de hacer minería, pues lo primero que hará es derogar, pero ¿Qué pasará con el futuro de El Salvador?, bueno, esta es una gran preocupación en el territorio y se suma ahora la minería transfronteriza de la Mina Cerro Blanco, sin ningún tratado binacional, eso es lamentable”, puntualizó Morales.

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