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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Representantes de organizaciones de la sociedad civil analizaron la situación actual del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) frente a hechos recientes, en un conversatorio celebrado por la institución este jueves.
El IAIP ha externado en las últimas semanas su preocupación ante una campaña que pretende desacreditar el trabajo de la institución en materia de defensa del derecho al acceso de la información pública de la ciudadanía.
Ante esta situación, los portavoces de al menos trece organizaciones civiles avalaron la actuación del IAIP, entre las que se destacaron órdenes de revelar información oficiosa a entidades públicas como el Ministerio de la Defensa Nacional y la Dirección General de Centros Penales, mismas que, ante la constante negativa, ya fueron notificadas ante instancias judiciales para su ejecución forzosa, y la multa impuesta a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, por divulgar de forma abusiva información personal de una ciudadana vía Twitter.
Las organizaciones instaron al IAIP a realizar conversatorios con representantes de la sociedad civil de forma periódica, con el objetivo de informar al movimiento civil organizado sobre las actuaciones de la institución y las eventuales reacciones de los entes estatales obligados a proporcionar información.
La comisionada presidenta, Silvia Cristina Pérez explicó que los ataques contra la institución han aumentado a raíz de la renuncia del comisionado representante del gremio periodístico, Juan Carlos Turcios, elegido de forma unilateral.
Reveló que los ataques no se limitan a redes sociales, sino también entidades públicas han intentado obstaculizar la labor del IAIP, entre las que mencionó a la Dirección General de Centros Penales y a la Policía Nacional Civil.
Carolina Amaya, representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) señaló que la situación actual en la que el proceder del instituto estaría siendo cuestionado por el poder político, podría convertirse en una “situación normal” en el actual Gobierno, lo que irrespetaría el carácter independiente de la institución garante del derecho a la información.
“Hoy parece ser que hay una intencionalidad de hacerse del instituto, para tener una institución aliada a la función pública oscura y no a la función pública transparente”, opinó Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sobre el descrédito a la institución y el nombramiento irregular del comisionado representante del gremio periodístico, Juan Carlos Turcios, quien solo días antes de ser designado por Casa Presidencial en un proceso que no cumplió con la ley, laboró en el Ministerio de Gobernación.
En esa línea, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana calificó como una preocupación los vínculos entre postulantes a comisionados y el poder político. “El peligro es que se termine volviendo inoperante al instituto, quitándole sus capacidades y facultades para ejercer su labor de contraloría y tutela del derecho de acceso a la información”, expresó Escobar. Por su parte, el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), Manuel Escalante sostuvo que instituciones públicas obligadas están utilizando instancias judiciales de lo Contencioso Administrativo para dilatar el cumplimiento de las resoluciones del IAIP.
