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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria” se sumó a una diversidad de organizaciones ambientalistas, sociales y de derechos humanos que condenan la manipulación de la justicia en el caso de los líderes de la comunidad Santa Marta y ADES.
Con cuadros delicados de salud, luego de 8 meses de prisión de forma irregular los ambientalistas: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes históricos de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES- Santa Marta, aún se encuentran en “arresto domiciliar”, mientras continúa su proceso penal.
El Colectivo Herber Anaya Sanabria, en un comunicado, exigió al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, Cabañas, “el sobreseimiento definitivo por extinción de acción penal y cierre definitivo del caso”. El colectivo ha ponderado que hubo una evidente irregularidad judicial desde las capturas.
“La captura en enero del corriente año, el arresto no respondía a un interés de hacer justicia a las víctimas de la guerra en nuestro país, del cual la misma comunidad Santa Marta ha sido afectada y revictimizada, sino, como parte de un arremetido en contra del movimiento social”, alega el Colectivo pro derechos humanos.
“La criminalización contra defensores de los derechos humanos, y una ofensiva a favor de la eventual derogación de la ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador, quitando del camino los dirigentes sociales que lucharon y siguen luchando contra el extractivismo transnacional”, agrega.
El caso, señala, “carece de pruebas contra los acusados” y que la Fiscalía General de la República ha basado su acusación en el “relato contradictorio” de un testigo en régimen de protección, que primero declaró que “presenció los hechos” y posterior se retractó, para aclarar que “no había visto”, sino que le contaron.
La Fiscalía General de la República, en junio pasado, realizó una “exhumación” que fue infructuosa, y que duró una semana sin encontrar los restos de la supuesta víctima, por lo que consideran que no existe ninguna mínima justificación para mantener abierto este caso.
“Dictar el sobreseimiento y el cierre definitivo de este caso será un signo positivo que, a pesar de muchas actuaciones judiciales injustas, aún es posible lograr recuperar la independencia judicial en El Salvador. Esperamos que la jueza aproveche esta oportunidad de dar una luz de esperanza a todas las personas que hayan sufrido capturas arbitrarias”, señala el comunicado del Colectivo.
La entidad insiste en la libertad de los 5 dirigentes ambientalistas, víctimas de un enjuiciamiento arbitrario, pues no hay indicios mínimamente razonables para sostener este juicio penal, que ha sido violatorio del debido proceso. “El sobreseimiento definitivo será un paso importante para recuperar la credibilidad del sistema de protección nacional de los Derechos Humanos”, reitera en el comunicado.
