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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Incumplir en la justicia para las víctimas será un evidente desacato a la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional (CSJ)”, dijo Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, al sentar posición sobre el proceso de formación de la Ley de Reconciliación Nacional que debe entregar la Asamblea Legislativa antes del 28 de febrero del presente año.
Tutela Legal “Dra María Julia Hernández” denunció en su pronunciamiento la “clara y permanente intención de la Asamblea Legislativa de aprobar una nueva ley de amnistía o impunidad”, que solo vendría a favorecer a los responsables de ambos bandos durante el conflicto armado de los años ochenta.
“Esa ley que pretenden aprobar no ha sido consultada con las víctimas, tampoco con las organizaciones de derechos humanos; por tanto, es inválida su redacción; su articulado es un ardid para dejar sin responsabilidad penal y civil a los criminales de lesa humanidad y de guerra, al reducir a la quinta parte las penas -este es el meollo del asunto- conmutar penas y sustituirlas señalando razones de salud, edad y otros argumentos”, dijo.
En cuanto a la responsabilidad penal y civil, González lamentó que no figure en el contenido de la normativa, así como el manoseo sobre el principio de “imprescriptibilidad” (artículo 2), que delimita la investigación fiscal de los casos a un espacio del 1 de enero de 1980 al 16 de enero 1992, y dar solamente seis meses a la Fiscalía General de la República para requerir o presentar los casos ante los tribunales, y con el agravante de que el fiscal asignado podrá, por criterio personal, mandar a archivar los casos.
“Estos artilugios legales, junto a la desigual carga económica para las víctimas que, al quedar desamparadas por la fiscalía, deberán contratar querellantes y la indisponibilidad permanente de fondos para reparaciones, blinda nuevamente a los responsables de graves masacres de lesa humanidad presentadas en los tribunales, como la masacre de El Mozote, presentado en 1990; la masacre de El Sumpul, presentado en 1992 y el asesinato de san Óscar Romero, que se presentó en el año de 1980, y otros casos activos en los tribunales”, sentenció.
Wilfredo Medrano, abogado de Tutela se refirió a la impunidad que siempre han rodeado a estos casos denunciados y que el Estado salvadoreño -sistemáticamente- les ha negado el acceso a la justicia, al no investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos casos abominables, generando una impunidad de facto.
“En 1993, fue la Asamblea Legislativa que impuso una Ley de Amnistía, que generó impunidad absoluta, pero fue derogada por la Sala de lo Constitucional (2016) y ahora, de nuevo, se vuelve a intentar a presentar una nueva reedición de amnistía, a la que llaman reconciliación. Que incluye términos que ya son prohibidos por la Sala de lo Constitucional, que es la promoción de amnistías e indultos y no se califican los delitos como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y la penalización que va en desproporción a los hechos es una burla, una revictimización de las personas afectadas”, argumentó Medrano.
El pronunciamiento de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” demanda del presidente de la República, Nayib Bukele, el veto presidencial a este proyecto jurídico, que consideran “inconsulto e inconstitucional” para las víctimas del conflicto armado. Así como, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse de forma inmediata contra el desacato de la Asamblea Legislativa, al no cumplir los parámetros que se establecieron en la “sentencia de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía”.
“Hemos visto cómo los diputados han defendido a capa y espada ese anteproyecto de ley, que creemos que ya la tenían debajo de la mesa y solo llegaron para legitimarla, invitaron a las víctimas dos días antes de su aprobación. Es por esto que pedimos a la Comunidad Internacional a estar atentos y no permitir que aprueben esa ley, que a todas luces no garantiza la justicia para la víctimas y no es constitucional. Y nosotros que representamos a muchas víctimas de El Mozote, de El Sumpul y otra serie de casos que llevamos, pedimos el veto presidencial, de aprobarla el órgano Legislativo”, sostuvo.
Sobre la denuncia de casos realizada por las víctimas, Alejandro Díaz, jurídico de Tutela señaló que en estos casos de lesa humanidad y crímenes de guerra, algunos presentados antes de la Ley de Amnistía (1993), o el caso de monseñor Óscar Romero, que se presentó en 1980, fueron investigaciones deficientes, pero cuentan con pruebas importantes que fueron aportadas desde las víctimas y organizaciones de derechos humanos, las que nunca contaron con justicia y con esta nueva Ley de Reconciliación se estarían atropellando estos procesos.
“Estos casos han sido llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), masacres y desapariciones que han sido algunas sentenciadas y otras tienen seguimiento en el cumplimiento de la sentencias; entonces, esta Ley de Reconciliación vendría a burlarse de las víctimas -incluso- de estos organismos internacionales de derecho internacional y humanitario; por ello, solicitaremos a la CIDH que se pronuncie de forma inmediata para emitir medidas de protección de estos casos que están en este sistema interamericano”, puntualizó.
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