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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“En este país es urgente una normativa del derecho al agua y una gestión pública que garantice la participación ciudadana sobre los bienes hídricos. Porque hay una incongruencia entre la gravedad del problema del agua y la pasividad con la que actúan diputados y diputadas”, señaló Leonel Herrera de ARPAS, al exigir un trabajo diligente al órgano Legislativo.
Los representantes de organizaciones sociales que integran la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua sentaron postura e invitaron al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce (PCN), a concertar una reunión para exponer sus argumentos de la urgencia de que la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático agilice la discusión de la Ley General de Agua. Así como, facilitar la participación de las organizaciones en ese debate, antes de que el dictamen pase al pleno legislativo.
“Este país va hacia una situación que ni imaginamos con el problema hídrico. Ya está el gobierno proponiendo tomar agua del lago de Ilopango, porque las fuentes y mantos acuíferos han mermado drásticamente y están deterioradas. Y hay estudios científicos que afirman que esas aguas no son viables por su contenido de metales pesados, esto es un problema grave, es un tema de país, por eso urge que la Asamblea Legislativa la apruebe”, afirmó.
La preocupación de las organizaciones sociales crece por acciones de gobiernos locales, los cuales en algunos casos están vulnerando el derecho al agua de las poblaciones en la zona rural. Carlos Blanco comentó que el alcalde de Nahuilingo, Sonsonate, Miguel Ángel Mejía (ARENA) impulsa la iniciativa de pasar a manos privadas el sistema hídrico municipal.
“Él se ha pronunciado por una administración de carácter privado, a partir de una entrevista en una radio local; esto no es nuevo, desde hace algunos años viene insistiendo en esta acción. Ha planteado, además, hacer una licitación de una empresa privada que administre, extraiga, embotelle e industrialice el recurso agua, sin consultarle a la población, por la abundancia que tiene el municipio.
Y tenemos otro ejemplo en Suchitoto, una población que ha dicho sí al derecho humano al agua y un rotundo no a la privatización. Necesitamos más esfuerzos de estos en todo el territorio nacional y evitar que desde los municipios comiencen a privatizar”, sentenció.
Mientras, Margarita Posada del Foro Nacional del Agua señala que la contraloría social en cuanto a las leyes que regirán al país es un derecho que le pertenece a la población, y por la crisis hídrica debe ser abordada de manera responsable por todos los funcionarios, en especial en temas de trascendía.
“Les recuerdo a los diputados y diputadas que la ONU, en su resolución del 28 de julio de 2010 reconoció explícitamente que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Y aquí, la Asamblea Legislativa a nueve años de esta resolución, ha sido incapaz de legislar para que el abastecimiento de agua potable se acerque al 100 % de la población salvadoreña”, manifestó Posada.
Sobre las cifras de acceso al agua en El Salvador, el informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y el Saneamiento, Léo Heller (ONU) da cuenta de que más de 600,000 personas en el país no tienen acceso y ningún servicio de agua potable y menos a saneamiento. Y más de un millón dependen de un deficiente servicio de agua potable.
El liderazgo juvenil y las Iglesias históricas también exhortaron a erradicar cualquier postura de exclusión social a grupos vulnerables como mujeres, niñez y adultos mayores; en especial de la zona rural, quienes tienen que recorrer amplias distancias en busca de fuentes de agua natural para su consumo humano.
Luis González de la UNES afirmó, que estos problemas se dan por la falta de una normativa que regule el uso y disposición del recurso hídrico, porque en la actualidad se encuentran muchos vacíos legales que dejan abiertos muchos espacios que generan sobreexplotación.
“El tema del agua puede ser sujeta a privatización de hecho; tal vez no de derecho, porque no hay que la privatice o regule eficientemente el tema, pero en nuestra realidad tenemos empresas urbanizadoras que hacen sistemas de agua que funcionan de manera privada, esa es una forma de apropiación del agua y si tienen más fuerza la extraen, como los cañeros que hacen un pozo y sacan agua para riego que deja los pozos artesanales secos, por el uso excesivo de este monocultivo; es por estas razones que necesitamos urgentemente una Ley de Agua que regule su uso y cantidad”, subrayó.
El agua es un tema que compete a toda la población y su participación es estratégica, señaló Rodolfo Calles, al señalar que existen suficientes propuestas de Ley General de Agua y no pueden estar esperando a que la comisión de Medio Ambiente espere la presentación de un nuevo documento desde el actual gobierno del presidente Nayib Bukele.
“Ya se puede legislar con los criterios que se han presentado desde las organizaciones sociales y comunidades. Creemos que la estrategia es retrasar la discusión para generar otras condiciones. No dudamos de que el Ejecutivo pueda tener sus aportes a la discusión, pero creemos que no pueden ser determinantes, como para aprobar una ley. Y si bien al Ejecutivo le toca velar por llevar el agua a las comunidades, pues qué bien, que lo haga en un marco que respete el derecho humano al agua, que sea un bien público, sea accesible, y sobre todo que sea administrada por el Estado, si esos son sus criterios, pues bien que el Ejecutivo se involucre en la discusión”, puntualizo Calles.
