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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación DTJ, junto a la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC), Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) dieron a conocer los resultados del informe “Justicia en pausa”, el cual revela un retroceso en los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional impuesta por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021, luego de la remoción irregular y total de sus magistrados titulares y suplentes.
El propósito del estudio fue detectar continuidades, retrocesos y avances iniciales en los criterios jurisprudenciales ya consolidados, pero también medidas administrativas en su gestión y organización interna que tuvieran un impacto real o potencial sobre la protección de los derechos y libertades de los salvadoreños, así como su derecho de acceso a la justicia. Entre los retrocesos de la actual Sala están los pronunciamientos que muestran una desmejora en la calidad de la jurisprudencia, ya sea porque establecen requisitos más rigurosos para acceder a la jurisdicción; debilitan el control de constitucionalidad; reducen el contenido de los derechos fundamentales o sus garantías y dificultan o bloquean la impugnación de los actos públicos por violaciones a la Constitución.
El informe detalló que la Sala impone a los ciudadanos cargas probatorias irrazonables, cuando un ciudadano alegue infracciones al proceso de aprobación de las leyes, por ejemplo, por el mal uso de la dispensa de trámites, debe presentar evidencia probatoria en su demanda, que demuestre dichas infracciones. Con la jurisprudencia anterior, el ciudadano alegaba la irregularidad y era la Asamblea Legislativa quien tenía la carga de demostrar que esas infracciones no se habían producido.
Asimismo, la Sala rehúsa ejercer sus facultades de control sobre designaciones de funcionarios por la Asamblea Legislativa, argumentando que eso implicaría sustituir la valoración de los diputados, hacer un “juicio de perfectibilidad”, o que sea la Sala quien debe verificar si una persona cumple o no los requisitos para ser elegida. La consecuencia de este giro jurisprudencial es grave, pues la Sala de lo Constitucional ya no exigirá a la Asamblea Legislativa que demuestre y justifique la razonabilidad de las designaciones de altos cargos públicos.
La Sala estableció con ocasión de las remociones ocurridas el 1 de mayo de 2021, que la destitución de funcionarios por la Asamblea Legislativa constituye una “zona exenta de control”, es decir, una decisión que no puede ser cuestionada judicialmente. Desconoce el principio básico del Estado Constitucional de Derecho, el cual establece que la Constitución es una norma jurídica, y que los actos violatorios pueden ser cuestionados y dejados sin efecto por los tribunales.
El informe detectó al menos siete casos en los cuales magistrados han participado en decisiones, pese a existir motivos serios y fundados para apartarse, dado que tuvieron un vínculo con las autoridades demandadas, o un interés directo en el asunto que se estaba resolviendo.
Un caso ejemplificante es el amparo 295-2020, en cuya resolución participó el magistrado presidente Óscar López Jerez, a pesar de que formó parte de la Sala de lo Civil y firmó la resolución, la cual precisamente se impugna en el referido amparo.
En la gestión y organización interna de la Sala se detectó que en los primeros 100 días, hubo 10 traslados de funcionarios quienes laboraban en la Sala a otras unidades o dependencias del órgano judicial, entre ellos la secretaría de la Sala y el coordinador del Área de Inconstitucionalidades.
Pese a que la Sala sigue sesionando regularmente 3 veces por semana, no ha reducido la mora, al no seguir un criterio estrictamente cronológico para la resolución de los casos. Las estadísticas muestran una reducción drástica y anómala en comparación con años anteriores, durante los primeros 100 días de la Sala es notable una caída del 50% en inconstitucionalidades, 15% en amparos y 44% en hábeas corpus. En inconstitucionalidades, la tendencia proyectada apunta a que el 2021 concluiría con un aumento del 212% en comparación con 2020, pero la mayoría son rechazos preliminares, en amparos el aumento sería de 115% y en hábeas corpus de 41%.
