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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Las organizaciones sociales salvadoreñas se pronunciaron en defensa del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (CIDH), ante la reciente decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, al negar la renovación del mandato de Paulo Abrão como secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los efectos que acarrea en el continente.
“Almagro esgrime que se trata de garantizar derechos humanos del personal de la misma OEA; según sus afirmaciones, han sido varias denuncias por acoso laboral contra Abrão que no fueron tramitadas, las cuales se recogen en un informe de carácter confidencial entregado por la ombudsperson de este organismo al mismo Almagro”, afirmaron.
Las organizaciones señalaron que han circulado distintas versiones de los motivos por los que Almagro ha tomado esa decisión contra la CIDH, pese que la decisión para extender la gestión del secretario ejecutivo de Pablo Abrão fue por unanimidad por esta instancia desde enero de este año, sin que se conociera objeción alguna en su contra.
“Para la CIDH, esta decisión unilateral –y, principalmente, cuestionable en torno a la temporalidad después de 8 meses de tomada la decisión– constituye un franco desconocimiento de su independencia y autonomía, que busca la separación de facto de su secretario ejecutivo”, resumen.
Asimismo, reiteran que no es la primera ocasión que se evidencian “fisuras entre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos SIDH”.
“No es la primera ocasión en que el secretario general se ha visto en conflicto, oculta intereses reales en aspectos meramente formales, particularmente cuando los señalamientos de la CIDH se han dirigido a los Estados Unidos o a sus alianzas”, reseñaron.
Aclaran que no tratan de desvirtuar las posibles denuncias hechas por personal de la OEA, pero estas deben de ser “señaladas”, hasta que sean verificadas, y en concordancia con principios del debido proceso para fundamentar una acción contra la persona que es supuestamente denunciada, cuyo proceso debe ser resuelto de manera independiente y asegurando la protección de los derechos de los involucrados y con transparencia.
“Más relevante que la argumentación o excusa que pudiese emplearse, es el hecho de que para que la Comisión Interamericana pueda llevar a cabo su mandato de supervisar y promover los derechos humanos en el hemisferio es indispensable que sean respetadas las normas sobre las que se construyó el SIDH, las cuales responden a la necesidad de resguardar la competencias y autonomía institucional de este organismo”, argumentaron.
Por lo que consideraron que un actor marcadamente político, tenga el “poder de determinar” quiénes desempeñan cargos en la CIDH o separarlos de los mismos, de a esta instancia en franca desventaja en detrimento de su credibilidad, que viola la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la forma en que está diseñado el SIDH y la CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA, que se encarga de la protección de los derechos humanos en el continente americano.
“Las víctimas de graves violaciones de derechos humanos acompañadas por la CIDH han sido ciudadanos y ciudadanas del continente americano a quienes les ha fallado su Estado y su sociedad, personas que ven en el SIDH la última esperanza de justicia, verdad y reparación. La puerta al diálogo ha quedado abierta por la CIDH y retomada por Almagro en sus respectivos comunicados públicos”, acotaron.
En cuanto al planteamiento de fondo de las organizaciones pro derechos humanos, la garantía de la autonomía e institucionalidad de la CIDH es primordial. Y si la rectificación en la decisión anunciada por el secretario Almagro será en función al respeto de la autonomía del SIDH, señalaron que debe concretarse pronto, ya que el SIDH en el continente ha generado “importantes precedentes favorables a la garantía de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y contra la impunidad de sus perpetrador”.
“No se trata de la defensa de un cargo comprometido en esta situación, sino que se trata del respeto al mismo Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Es eso lo que está en juego”, puntualizaron.
