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@SilviaCoLatino
“Hay un derroche de dinero del Estado para pagar servicios privados de salud que pudieran ser reorientados al sector público de salud, para toda la sociedad y las víctimas del pasado conflicto armado como salud integral, que incluye la psicosocial”, dijo Eduardo García, director de la Asociación de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado (PROBÚSQUEDA).
A 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, organizaciones que trabajan en Derechos Humanos y representación de víctimas, se pronunciaron en el marco de la visita del mediador de las Naciones Unidas (ONU) que ha venido en búsqueda de generar las correlaciones de las fuerzas políticas para una segunda generación de acuerdos de paz en el país.
“Todo conflicto armado para que se sanen las heridas tiene que pasar no menos de tres generaciones; nosotros vamos tarde, ya casi pasa una generación y no se han satisfecho las demandas de las víctimas del conflicto armado, de los años ochenta. Esperamos poder reunirnos con el mediador de la ONU y presentar esta propuesta ”, advirtió.
Asimismo, consideró que si bien hay avances económicos y de seguridad, pese a la incidencia delincuencial, en materia de derechos humanos existe un estancamiento en el cumplimiento del derecho de las víctimas del conflicto.
“Existen seis millones de dólares en la Asamblea y otros seis millones en la Corte Suprema de Justicia, y no estamos de acuerdo que con nuestros impuestos paguemos nuestro seguro público de salud y además, tengamos que dotar de un seguro de salud privado, que es un privilegio a un funcionario público y dependiendo del cargo, sea diputado o magistrado, sea más alto, son 12 millones que podrían satisfacer esta demanda y fortalecer el Sistema de Salud Pública”, argumentó.
Mientras, Saúl Ramírez, de PSICOLEGAS y Movimiento Ciudadano por la Salud Integral, expresó que en materia de salud mental existe una deuda histórica de desatención sobre el impacto de la violencia en la sociedad, que se ha naturalizado, que viene de un poco más atrás al conflicto armado, en donde se acentuaron esos niveles.
“Son los tomadores de decisión que no han tomado la responsabilidad de legislar y brindar justicia para la sociedad salvadoreña y considero que los niveles de intolerancia en el país son consecuencia de las desatenciones en cuanto a la salud mental de las personas. Compartimos la necesidad urgente de poner atención a estas dificultades no solo con protocolos o leyes, sino también dándoles financiamiento para operen”, recalcó.
Por su parte, Antonio Hernández, del Movimiento Salvador Allende, abordó la relación de los conceptos de violencia, salud y paz, donde aclaró que no habrá sociedad saludable, sin una convivencia en paz y que debe ser construida socialmente.
“Mientras, no haya justicia y reparación a las víctimas, que no siempre es económica, no se podrá avanzar como sociedad sana. También es importante reflexionar sobre el papel de la función pública que puede destinar fondos para las víctimas, lo hacen para seguros privados de salud. Es como no tomar en cuenta las obligaciones del Estado”, puntualizó.
