Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Representantes de COLPROCE, FUDECEN, RACDES y la Asamblea de los Pueblos por la Igualdad exigieron este viernes al presidente Nayib Bukele no sancionar la recién aprobada “Ley General de Minería Metálica”, aprobada por la Asamblea Legislativa y, por el contrario, restaure su prohibición.
Las organizaciones sociales apelaron al consenso nacional de 2017 que se concretó en la Asamblea Legislativa al obtener los votos para crear la ley que prohíbe la minería por ser una industria extractivista y contaminante. En ese momento histórico, dicen las organizaciones se “escuchó a la mayoría de la población” que aún mantiene su desacuerdo con la minería metálica en El Salvador.
La explotación minera vendría a sumarse como una nueva amenaza ambiental y social, y que pueden terminar incrementando la vulnerabilidad de los habitantes en sus territorios, agregaron las organizaciones.
“Ante la reciente derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, y la aprobación de la Ley General de Minería Metálica; y teniendo en cuenta que El Salvador presenta una alta exposición y vulnerabilidad ante fenómenos hidrológicos, geofísicos, climatológicos, meteorológicos y los efectos del cambio climático, podemos decir que el territorio nacional es zona de riesgo”, afirmaron.
Lo anterior se refleja en 5,442 millones de dólares en pérdidas económicas entre 2000 a 2023, equivalentes al 16% del PIB (2023), además, un 88.7% del territorio nacional se considera vulnerable y sobre esa superficie se asienta el 95.4% de la población.
Asimismo, lamentaron que no se generaron “espacios y tiempos” para escuchar a las personas expertas en esa materia o debates a nivel nacional de contenido técnico y transparente sobre las verdaderas implicaciones que tendrá la industria minera metálica en la economía, medio ambiente y derechos de la población.
“La minería metálica como actividad extractivista riñe con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente con el ODS-12 , -producción y consumo responsables-, que busca cambiar el modelo de producción y consumo para garantizar un uso eficiente de los recursos naturales”, indicaron.
En cuanto a la recién aprobada Ley General de Minería Metálica, consideraron que no han establecido “cánones” (reglas) a los privados para su participación, aunque les abre una puerta para su intervención, al aceptar “sociedades mixtas”, en las que participará el Estado. Tampoco, establece la ley “requisitos mínimos” sobre la inversión extranjera o nacional en este tipo de empresas.
“La ley aprobada entra en contradicción con el reciente acuerdo de El Salvador con la Corporación Financiera de EEUU para recompra de deuda a cambio de que el país destine 350 millones de dólares de ahorros en el rescate del río Lempa durante 20 años, y otros mecanismos de sustentabilidad del recurso hídrico que ahora se pone en riesgo con la aprobación de esta ley”, manifestaron.
A la vez, opinaron que la extracción de estos minerales cuenta con un “tiempo corto e inestable de duración”, primero, porque los yacimientos se pueden agotar en períodos relativamente cortos o pueden dejar de ser rentables en la medida que los niveles de concentración se minimicen o que los precios de estos metales experimenten una baja en mercados internacionales.
A lo que suman el “empleo temporal y precario”. Expertos en economía establecen que por cada millón de dólares de inversión sólo se logra crear un “empleo permanente”. Así como, la calidad del empleo que lo consideran de “alto riesgo”, dice un documento de CONFEMIN.
“Entre los diversos impactos negativos al medio ambiente que trae consigo la minería metálica resalta la contaminación del agua en el procesamiento de metales como el oro, ya sea como insumo o como residuo, en donde aparecen químicos altamente peligrosos como cianuro y mercurio que contaminan ríos y acuíferos”, indicaron.
Además del impacto en el territorio porque destruye grandes áreas de tierra y bosques que ponen en peligro a las personas y la biodiversidad existente, así como la pérdida de valores culturales ancestrales heredados en los territorios que afecta a las comunidades que sufren las consecuencias directas como agua contaminada, enfermedades graves, el desplazamiento de poblaciones y la pérdida de tierras y cultivos, acotaron.
En ese sentido COLPROCE, FUDECEN, RACDES y la Asamblea de los Pueblos por la Igualdad demandaron del gobierno de Nayib Bukele no sancionar la reciente Ley General de Minería Metálica.
Así como, realizar actualizar la “evaluación ambiental estratégica” para este tipo de inversiones que además de modificar los paisajes, desplazan a la población y generan daños a la biodiversidad local.
El artículo 17 de la Ley General del Medio Ambiente obliga al gobierno a exigir a empresas o personas naturales la presentación de estas evaluaciones ambientales para no reñir con la “política de medio ambiente”.
El artículo 18 de la misma ley obliga a todo proyecto identificar cómo afectarán al ambiente y la salud de las personas cercanas a estos planes.
Las organizaciones también pidieron “Que se realice como establece el artículo 25 de la Ley General de Ambiente las consultas públicas en los municipios afectados, los impactos a la salud y el medio ambiente, una vez sean indicados en la evaluación de impacto ambiental”.
Además, “Restablecer el diálogo continuo con las distintas fuerzas sociales (trabajadores, empresarios, gobierno, partidos políticos, academia y organizaciones de la sociedad civil), para encontrar puntos mínimos de consenso en las propuestas de ley, y la formulación de políticas públicas”.
