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@GloriaCoLatino
Organizaciones sociales de derechos humanos y justicia exigieron al Fiscal General de la República Douglas Meléndez reabrir el caso sobre la ejecución extrajudicial de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, prostate bajo parámetros científicos, apegándose a lo que dictamina el derecho nacional e internacional contra la impunidad.
Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia, por el sub sargento de la temida Guardia Nacional Marino Samayor Acosta, que en esa época era miembro del equipo de seguridad del ex presidente Arturo Armando Molina, durante la dictadura cívico-militar.
Jimmy Ortiz, de FESPAD, afirmó que a 36 años de la ejecución extrajudicial de Monseñor Oscar Romero, este magnicidio se constituye en la violación expresa al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y para la humanidad en su conjunto y particularmente a la salvadoreña.
“El anhelo de paz del pueblo salvadoreño, para poner fin a los crímenes de lesa humanidad y la violencia generalizada, no debe traducirse como impunidad y olvido; muchos países que han sufrido guerras y conflictos internos de carácter no internacional han demostrado que sin justicia, no se puede respetar los derechos humanos o consolidar la democracia”, dijo.
Alejandro Díaz, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, que forma parte de la Concertación Monseñor Romero, reiteró la petición de reapertura del caso de Monseñor Romero, al reseñar que desde el pasado 21 de mayo de 2015, presentaron ante la Fiscalía General de la República un escrito con más de 500 firmas.
“Los diversos pronunciamientos o resoluciones de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron lo ineficaz e irregular, con el objetivo de hacerlo fracasar (proceso de investigación) hubo muchas cosas que no se agregaron al proceso, muchas dilaciones, muchas pruebas periciales que no fueron objetivas, y además tenemos los señalamientos a los responsables materiales en el juicio de Fresno, California, ahí se dio una condena civil, hay señalamientos a los autores intelectuales y hay testigos, lo que falta es voluntad política”, acotó. Los representantes de la Concertación Monseñor Romero reiteraron que las autoridades fiscales deben acudir a las pruebas documentales como los informes de la Comisión de la Verdad y el dictamen de la Corte interamericana de Derechos Humanos, para fortalecer la investigación.
Blanca García en representación de las víctimas civiles del pasado conflicto armado, que se aglutina en Comité de Madres Monseñor Oscar Arnulfo Romero (COMADRES), indicó que desde el asesinato y persecución de Monseñor Romero se consideran parte ofendida de este caso inconcluso y sin aplicación de justicia. “Monseñor Romero fue integrante de nuestra sociedad civil y durante el conflicto armado representó un anhelo, una esperanza de encontrar justicia por la desaparición de nuestros hijos e hijas y fue portavoz de miles de madres, que pedían la libertad de las y los capturados. Con su asesinato quitaron una persona valiosa de nuestro pueblo, que fue realmente un guía de muchas madres angustiadas y aún no hemos recibido ninguna respuesta, no se ha hecho justicia en el caso de Monseñor Romero, a pesar que ya se saben algunos nombres de los responsables intelectuales”, puntualizó.
