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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
“Reafirmamos la total inocencia de nuestros compañeros ambientalistas. Ellos han sido enjuiciados por delitos que no cometieron”, reiteró Alfredo Leiva, en su llamado público al gobierno para que cesen la criminalización de personas defensoras de derechos humanos y ambientales en el país.
“La Fiscalía no tiene ninguna prueba real y sigue basando su acusación en el relato contradictorio de un sospechoso testigo protegido que primero dijo que presenció el hecho y después declaró que le contaron”, comentó Leiva.
“Y no existe cuerpo del delito, y no hay elementos de prueba. Además, ellos ya fueron absueltos de manera unánime por el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, en octubre del año pasado”, alegó Leiva.
En un recuento de hechos en el caso de los cinco ambientalistas de ADES y Santa Marta, los líderes comunitarios, Vidalina Morales y Alfredo Leiva realizaron una reseña sobre el caso y los obstáculos enfrentados, y la manipulación que ha hecho el sistema judicial del mismo, como el “doble juzgamiento”, que violenta el principio del debido proceso, en un Estado de derecho.
“Han ocurrido tantos hechos que en un espacio de tiempo corto es difícil enumerarlos, pero puedo decir que previo a la captura de nuestros compañeros tuvimos la presencia de equipos de investigación, desplegados en la comunidad Santa Marta”, relató.
“Unos fiscales le dijeron a la comunidad que iban a investigar las masacres que ocurrieron durante el conflicto armado en contra de la Santa Marta. Y le mintieron a la comunidad, porque lo que estaban haciendo era crear este caso”, explicó Leiva.
El líder de Santa Marta recordó que en ese preciso momento de la llegada de los fiscales y equipos de investigación, previos a la captura de los ambientalistas, estuvieron “denunciando todos los indicios de reactivación de la minería”, posterior a esas actividades se dieron las capturas.
Uno de los primeros hechos es que cambiaron al jefe policial del puesto de Santa Marta, y mandaron a un oficial de la Delegación de Investigación de San Salvador, luego instalaron una Unidad de la División AntiNarcóticos (DAN) , pero realmente erán investigadores, y se mantuvieron un par de meses dentro de la comunidad, relató.
“Posteriormente se da un operativo militar dirigido a Santa Marta, la captura de Manuel, hijo de Vidalina, pasan al cerco militar a Cabañas, el cerco militar a Chalatenango, una acción hacia las comunidades que apoyaron y acompañaron a Cabañas en la resistencia antiminera en el pasado. Todo esto tiene vinculaciones de toda una estrategia para criminalizar a los compañeros y comunidades por su posición digna de defender su territorio”, reafirmó Leiva.
Criminalización de líderes para acallar voces contra la minería
Vidalina Morales, lideresa comunitaria, reiteró, entre otros elementos que surgieron en el proceso de captura y proceso penal contra sus compañeros, que todo tenía una motivación política contra el “activismo ambiental” de comunidades que defienden sus territorios de megaproyectos extractivos y contaminantes.
“En todo este proceso se dio también la captura de los compañeros de Alianza Nacional El Salvador en Paz. Debemos recordar que los compañeros en su momento fueron un cuerpo que nos apoyó en la resistencia a Cabañas, primero por la libertad de los compañeros y contra la minería metálica y luego sucedió su captura”, expresó.
“El otro caso, más reciente, ha sido la captura del compañero Eugenio Chicas, que era testigo en el caso de los compañeros ambientalistas, para esto hay como un caminar de esta fuerza que ha sido más que todo de reprimir, criminalizar y detener lo que ha sido el auge de la lucha antiminera en el país”, indicó Morales.
A todo este trayecto frente al sistema judicial, Morales rescató el logro de la resistencia colectiva en defensa del medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades, pese al contexto del estado de excepción, que ha vulnerado el Estado de derecho.
“Una traba nos ha llevado a otra, en este caso. Recuerdo en 2023, en donde apartaron del proceso judicial a un juez de la Cámara de Cojutepeque por el sencillo hecho de tener el apellido Rogel, que era el mismo apellido de una exdiputada y que según algunos tenían parentesco, pero nada que ver, eso dilató el preceso”, recordó.
“Y hemos llegado hasta este contexto, que para diciembre del año pasado, se destapa la olla -como decimos en buen salvadoreño-, el gobierno abre la boca y dice la minería va por que va. Y lo sostiene con la ley General de Minería que mandó al pleno (Asamblea Legislativa)”, reiteró Morales.
En cuanto a los tres primeros meses del 2025, consideró que si bien han sido difíciles para el movimiento social, también han abonado a la resistencia contra la minería metálica, y que se encuentra activa, sabiendo que la Ley General de Minería, es una amenaza a los territorios latente, pero seguirán en “pie de lucha”, desde las comunidades igual que muchas organizaciones.
La resistencia crece en el territorio nacional
Para la lideresa Morales “ahora hay más resistencia social, es una lucha que hemos abrazado”, y que ahora se suman diversos sectores sociales como las juventudes, mujeres, medios de comunicación alternativos y comprometidos con la causa que están a favor de proteger el medio ambiente nacional.
“Uno de los logros principales de nuestra resistencia es la incidencia, ya hay acciones concretas como la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de entregar esas 150 mil firmas contra la minería, ese no es un juego, es algo tan serio, que a estas alturas los diputados ya tendrían que haber dado una respuesta”, advirtió.
“O es poco serio lo que hicieron las organizaciones y redes sociales de llevar alrededor de 60 mil firmas para presentar el recurso de inconstitucionalidad para la Ley General de Minería, ante la Corte Suprema de Justicia, esa acción ha sido muy seria y mucho compromiso”, reafirmó Morales.
