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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú El Salvador, y la Coalición Nacional por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano, que aglutinan organizaciones comunitarias, redes territoriales y agrupaciones ciudadanas defensoras del medioambiente, “urgieron” al gobierno adherirse al Acuerdo de Escazú.
“Hacemos un llamado al ciudadano presidente de la república de El Salvador, Nayib Bukele, a impulsar de pronta manera la adhesión del país al Acuerdo de Escazú. El Salvador se encuentra viviendo en un contexto de crecientes amenazas contra los bienes comunes naturales”, expresaron.
“Esta situación repercute de manera negativa en la calidad de vida de las personas y en la realización de su legítimo derecho a vivir en un medio ambiente sano, limpio, seguro y sustentable”, agregaron.
El Acuerdo de Escazú es un tratado de “derechos humanos en asuntos ambientales”, han informado las organizaciones que buscan no sólo la implementación de dicho tratado, sino la promoción y socialización en el territorio nacional y regional para “construir la democracia ambiental”, así como también fortalecer la gobernza en la toma de decisiones sobre temas de nación que incidan en el medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú garantiza el acceso a: información oportuna, comprensible y culturamente apropiada, la protección para personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, la participación en procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y la justicia frente a hechos que afecten al medio ambiente.
“Actualmente, en todo el territorio nacional, con particular énfasis en la zona costera marina, existe fuerte presión debido a los megaproyectos que promueve el Órgano Ejecutivo, los cuales amenazan a las comunidades con desalojos y desplazamientos forzados, generando sobre sus tierras y negando el derecho al agua, la alimentación, el hábitat y la vivienda”, sostuvieron.
En cuanto a las personas defensoras del medio ambiente, el agua y la tierra, las organizaciones denunciaron que se encuentran en “total desprotección” por parte del Estado salvadoreño, al señalar que la actual legislación no reconoce esta labor de personas o grupos en “primera línea en defensa del territorio” en donde habitan y les amenazan sus modos de vida con la presencia de megaproyectos extractivistas.
“Este significativo grupo de la población se expone a riesgos y ataques a su integridad y sus vidas, perescución, censura, bloqueos y/o campañas de desprestigio y difamación”, indicaron.
“El Acuerdo de Escazú es el único tratado en todo el mundo que establece disposiciones vinculantes para que los Estados reconozcan a las prsonas defensoraqs del medio ambiente, por lo que su implementación en El Salvador ampliaría el asidero legal para garantizar su protección”, reiteraron.
Las organizaciones plantearon que si se contara con un espacio “cívico saludable”, se pueden fomentar los valdores democráticos en una sociedad que establece entornos seguros y habilitantes para el ejercicio libre de la ciudadanía y su participación social.
“Es preocupante observar el proceso acelerado de deterioro que vive el país, donde el diálogo social y político ha sido abandonado unilateralmente por parte de las instituciones del Estado”, afirmaron.
“El Régimen de Excepción y otras decisiones gubernamentales que restringen derechos y libertades ciudadanas ha puesto de manifiesto la cruel realidad de que en El Salvador de hoy no existen garantías institucionales ni constitucionales para nada ni para nadie”, aseguraron.
En cuanto a la “imposición del modelo de megaproyectos”, expresaron que este tipo de desarrollo “genera y profundiza múltiples crisis”, que se suman a las que ya enfrenta el pueblo salvadoreño, como los impactos que genera el cambio climático y los desastres que generan, así como la contaminación y la pérdida acelerada de la biodiversidad que termina afectando de manera “desproporcionada y diferenciada” a grupos poblacionales que han sido hitórica y sistemáticamente excluidos.
“La adhesión al Acuerdo de Escazú y su implementación plena es una necesidad apremiante, y preocupa observar el bajo nivel de voluntad ética y política con el medio ambiente que manifiestan los tres órganos del Estado”, reiteraron.
“La dimencisón ambiental ha sido abandonada deliberadamente y en su lugar se observa la profundización de una cultura de privilegios e impunidad para quienes depredan y contaminan los bienes comunes naturales, ante lo cual nos hacemos la pregunta ¿De qué desarrollo hablan si colapsan los ecosistemas? Si destruye la naturaleza, no es desarrollo”, argumentaron.
La Asociación de Microcuenca El Aguacate, Nayarit Mujeres y Juventudes, Mesa por la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente, Ahuachapán Sur, la Federación de Pueblos Originarios del Sur, Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, ADEJUMUT, Alianza de Ulúas Lencas y Nonualcos El Salvador, Llamado Global de Acción contra la Pobreza, Jóvenes en Red El Salvador y Enlaces por la Sustentabilidad, señalaron que el país se encuentra a tiempo de corregir el rumbo y exigieron soluciones sustentables y duraderas y rechazan “falsas soluciones”.
“La salud y el bienestar de los pueblos y la naturaleza debe ser la prioridad en la política pública ambiental de todo pueblo y nación. Expresamos nuestro profundo compromiso con la defensa del territorio y continuaremos educando en la participación de la ciudadanía para fomentar una cultura ecológica, afirmando la importancia estratégica del Acuerdo de Escazú”, puntualizaron.
