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@OscarCoLatino
Un grupo de organizaciones sociales se concentraron en el monumento a la Constitución para exigir que la actual Asamblea Legislativa ratifique una reforma constitucional que establecería los derechos al agua y alimentación como derechos humanos.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria (MSA), generic junto con representantes de comunidades, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres rurales y urbanas, iglesias de diferentes denominaciones, entre otros sectores, acompañados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), organizó la actividad con la que pretenden “dotar de manera simbólica a la Carta Magna del derecho humano al agua y alimentación”.
El objetivo principal de la actividad es instar a la Asamblea Legislativa para que en lo que queda de gestión ratifique la reforma al Artículo 69, con lo que se reconocerían los derechos humanos al agua y la alimentación adecuada para toda la población.
David Morales, procurador para la defensa de los Derechos Humanos, comentó, previo a la actividad, que “los derechos al agua y a la alimentación adecuada, al ser esenciales para la vida y el desarrollo de los derechos, libertades y potencialidades humanas de las presentes y futuras generaciones, vuelve indiscutible su pertinencia e integración al espíritu del texto constitucional”.
La redacción actual del artículo reza de la siguiente manera: “El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de organismos de vigilancia. Asimismo el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar”.
Con la modificación por ratificar el Artículo 69 sería redactado de la siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada.
Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia.
El agua es un recurso esencial para la vida; en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes.
El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”.
