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Saúl Méndez
Colaborador
Tras la finalización de la vista pública contra los líderes ambientalistas de Santa Marta, las organizaciones sociales se pronunciaron para pedir una resolución justa en lo que consideran un “juicio político” y una “persecución” contra el activismo ambiental. Aseguran que existe un intento de criminalización en contra de los defensores del agua, quiénes han advertido sobre los peligros de la reactivación de la minería metálica impulsada por el gobierno de Bukele.
Las organizaciones enfatizaron en que: “la única resolución legal y justa” es la absolución de los defensores ambientales de cabañas. Argumentaron que en la audiencia se evidenció el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) por criminalizar a los ambientalistas sin presentar evidencias sólidas sobre un presunto asesinato ocurrido en 1989, en el contexto de la guerra civil.
“La defensa demostró plenamente la inocencia de Antonio Pacheco, Saúl Rivas y los demás líderes comunitarios procesados injustamente” (Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez), indicaron las organizaciones y colectivos en apoyo a los líderes comunitarios.
Miembros de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) aseveraron que el único fallo “apegado a la legalidad” y al “debido proceso penal” es la absolución e inmediata libertad de los defensores ambientales. Consideran que cualquier otra resolución sería “gravemente ilegal e injusta”.
Además, exhortaron al Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, donde se llevó a cabo la vista pública, a emitir una resolución “apegada al derecho” y que declare la inocencia de los líderes comunitarios. Esto debido a que la Fiscalía no pudo probar la existencia de los delitos imputados y ni la participación de los procesados.
“En manos de este tribunal está reivindicar la independencia judicial y acabar con esa manipulación del sistema penal del país”, añadieron.
La vocera de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, María López, declaró que: “la espera de la resolución no puede concluir de otra manera que con la puesta en libertad inmediata de los ambientalistas de Santa Marta y ADES”. Aseguró que el equipo de defensa desmontó el argumento que tenía la fiscalía.
“Se ha presentado prueba de que los compañeros que en este momento están en el proceso no participaron, que no se les ha podido probar culpabilidad alguna y la fiscalía por su parte no tiene mayores argumentos”, explicó López.
Los colectivos, mesas, foros y organizaciones sociales advirtieron sobre la necesidad de mantener la prohibición de la minería metálica para salvaguardar el medio ambiente, la salud, la vida de las actuales y futuras generaciones. Añadieron que El Salvador es un ejemplo de protección ambiental para los demás países del mundo al demostrar que es posible poner el agua y la vida por encima de los intereses económicos, extractivistas de corporaciones extranjeras y grupos de poder local.
Además, enfatizaron en la importancia de una “apuesta real” por la justicia restaurativa y transicional, que podría conseguirse al procesar a los verdaderos perpetradores de crímenes de la Guerra Civil y al enjuiciar a los “autores materiales e intelectuales” de graves violaciones a los derechos humanos.
“En el caso de la comunidad Santa Marta están impune las horrendas masacres cometidas por el ejército gubernamental y sus grupos paramilitares durante el conflicto armado”, concluyeron.
La comunidad Santa Marta y los colectivos se mantienen a la expectativa de la resolución que emitirá el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque este viernes 18 de octubre.
