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Luis Ponce
@DiarioCoLatino
El Colectivo de Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”, el Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COPPES) y la Asociación para la Verdad y la Memoria de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos (ASMEMORIA) denuncian la negligencia de la autoridad fiscal en la investigación del asesinato del defensor de Derechos Humanos Herbert Anaya Sanabria, hecho ocurrido el 26 de octubre de 1987.
Anaya Sanabria fue asesinado por personas que llegaron al parqueo de la urbanización José Simeón Cañas, a las 6:45 a.m., quienes se conducían en un vehículo color amarillo. Según personas cercanas, la víctima fue hostigado constantemente por la extinta Policía de Hacienda.
En 1986 ya había sido privado de libertad por miembros del ese cuerpo represor. Recibió amenazas también por parte del coronel Rinaldo Gólcher, quien le advirtió que no debía seguir difamando al Gobierno, sí quería proteger su integridad física y la de su familia. Estas ejecuciones extrajudiciales son conocidas por toda la población salvadoreña, pues su objetivo era provocar el terror colectivo.
Las graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellos el caso del señor Herbert Anaya Sanabria, el asesinato de Monseñor Romero, las diferentes masacres como El Mozote, El Sumpul, El Calabozo, La Quesera y la desaparición forzada de tantas personas, niñas, niños, mujeres y hombres, fueron ordenadas y posteriormente encubiertas por el alto mando del ejército, según lo que determinó la Comisión de la Verdad, y que luego fue ratificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 1991, por la presión que ejerció la comunidad internacional, el Estado se vio obligado a desarrollar un proceso penal por el crimen. Este juicio adoleció de muchas irregularidades. La persona juzgada también sufrió violaciones a sus derechos, así fue señalado por la Comisión de la Verdad, porque fue un proceso simulado, violentando de esta manera lo mandado por la Constitución. En ese sentido, al producirse un hecho ilícito e imputable al Estado surge la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional que se trata, por eso está obligado a investigar exhaustiva, científica, objetiva y no condenada al fracaso, así como enjuiciar, sancionar y reparar de forma jurídica, moral y social de las víctimas a conocer la verdad.
El Asesinato de Herbert Anaya Sanabria es una grave violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual este caso no solo compete a la jurisdicción salvadoreña, que según las organizaciones se opone a la justicia y favorece a la institucionalización de la impunidad, sino a la humanidad en su conjunto, en consecuencia exigen a la Fiscalía General de la República haga su trabajo de investigación.
En honor a la verdad y la justicia, reconocen, el Estado no puede soslayar el clamor de las víctimas y de la sociedad salvadoreña de garantizar los Derechos Humanos, en especial el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
