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Yanuario Gómez
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Diversas organizaciones sociales mostraron su apoyo a Wendy Morales, una joven universitaria originaria de Quezaltepeque, quien es acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de un caso de extorsión perpetrado en 2014.
Morales, una chica graduada con honores de la Universidad de El Salvador, defensora de los derechos humanos, quien trabajaba con jóvenes en riesgo y además de ser profesora de náhuatl y actriz de teatro, guarda prisión desde el 9 de septiembre porque según el informe del fiscal su número telefónico fue usado para depositar dinero proveniente de una extorsión.
En la audiencia inicial, la juez encargada del caso no otorgó las medidas sustitutivas que solicitó la defensa, a pesar que el fiscal no presentó pruebas contundentes que la relacionaran como autora del ilícito, y pidió cuatro meses más para continuar investigando.
“ Wendy está siendo acusada de manera injusta, ya que no hay suficientes elementos de prueba para poderla vincular al caso del cual se le acusa, no son ciertas muchas cosas que establece el comunicado de la Fiscalía o al menos faltan muchos elementos”, expresó Denys Muñoz, abogado defensor de Wendy.
El abogado argumenta que hace falta prueba que la misma joven ha solicitado que se practique ya que puede beneficiarla. Dicha prueba consiste en un examen de autenticación de la firma que se encuentra en la boleta de retiro del dinero correspondiente a la extorsión. Desde el momento en el que el caso de Morales se hizo público han sido muchas las organizaciones sociales tanto nacionales como extranjeras que han mostrado su apoyo, hasta ahora van más de cuarenta colectivos que apoyan públicamente a la joven, las asociaciones piden que se trate de forma transparente el caso.
“Para nosotras como defensoras de los derechos humanos es de total gravedad que no se hayan tomado en cuenta los arraigos y todos los documentos presentados el día de la audiencia, es lamentable que el sistema de justicia no reconozca que la labor que realizan mujeres jóvenes en defensa de estos derechos es importante para la sociedad”, dijo Alejandra Burgos, de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos.
Burgos, además, expresó que la labor que Wendy realiza en materia de derechos humanos está siendo restringida debido a su vinculación en este delito y lamentó que el Sistema Judicial siga estigmatizando y criminalizando a la juventud en el país. Los colectivos civiles condenan los atropellos que se están cometiendo por parte de los encargados de hacer justicia y exigen que se investiguen profundamente los casos antes de tomar acciones coercitivas que pongan en cautiverio a personas, ya que según ellos en el país se deja libres a personas de alto rango para ser investigados mientras que a gente humilde se le encarcela mientas es investigada.
Asimismo, Leonel Herrera, de ARPAS, manifestó que en el caso hay mucha arbitrariedad e injusticia de parte de los tribunales y la fiscalía, ya que a Wendy se le acusa de un caso de extorsión, solo porque de un teléfono que perteneció a ella hace años, que le fue robado y que cometió el error de no reportarlo, ahora se registra una extorsión.
Herrera también mostró su preocupación porque se esté persiguiendo judicialmente a jóvenes activistas. “Nosotros como organizaciones sociales nos preguntamos si no se trata de que en el país se vayan a estar inventando cualquier delito para perseguir a gente que trabaja en causas sociales, en organizaciones que trabajan por el bien común”
Además, aclaró que ellos no están afirmando que se de esta persecución, sino más bien, advirtiendo del riesgo de que adelante, con el pretexto de una acusación, se actué arbitrariamente contra personas que trabajan en pro de los derechos humanos.
Los grupos civiles argumentan que el sistema Judicial evidencia la doble moral de la Fiscalía y el Sistema judicial de arremeter fuertemente contra personas sencillas del pueblo y tratar con guante de seda a personas de alto rango que han cometido delitos, ya que el mismo sistema que está actuando duramente contra Wendy, dejó en libertad al ex director de Aduanas Joaquín Beltrán, quien era procesado por contrabando y ha dejado libre mientras sigue la investigación al ex fiscal general de la república Luis Martínez, quien según el Tribunal de Etica vendió justicia. Finalmente, las Organizaciones sociales esperan que esta situación se resuelva de la mejor manera, que la joven recupere inmediatamente su libertad y que el caso que Wendy ha enfrentando sirva de motivación para cuestionar las prácticas caducas y estigmatizadoras utilizadas por las instituciones encargadas de impartir justicia, que afectan de manera indiscriminada a la población en general y particularmente a la juventud.
