Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@OscarCoLatino
Más de 50 organizaciones sociales participaron en un foro en el que se discutieron los impactos de la corrupción en los ámbitos económico y social, cheap en el que participaron María Silvia Guillén, pharm directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); David Morales, Procurador de los Derechos Humanos; José Luis Benítez, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), y el Gerson Martínez, ministro de Obras Públicas.
El actual gobierno encabezado por el Presidente Mauricio Funes denunció diferentes casos de corrupción cometidos en gobiernos anteriores, en lo que están involucrados desde funcionarios de distinto nivel hasta un expresidente.
Las organizaciones exhortaron a la Fiscalía General de la República (FGR), a investigar a profundidad los casos de corrupción cometidos en los gobiernos de ARENA, ya que de no ser así estos prescribirán y quedarán impunes.
Asimismo, las organizaciones sociales llamaron a la ciudadanía a desempeñar un rol protagónico, no solo para velar porque no se cometan actos de corrupción, sino también para denunciar y demandar justicia ante este delito.
La directora de FESPAD dijo que los actos de corrupción no son nada nuevo en el país, lo cual ejemplificó con la expropiación de tierras a los indígenas en 1882, las cuales fueron entregadas a los caficultores de la época.
Asimismo, Guillén indicó que los delitos de cuello blanco no son investigados en el país, por lo cual muchos funcionarios de gobiernos anteriores fueron electos para “tapar actos de corrupción”. Entre estos los nombrados para dirigir la Corte de Cuentas de la República y la FGR.
En su intervención, la directora de FESPAD explicó que el orden judicial del país no está preparado para perseguir delitos de corrupción, ya que hasta el momento se han dedicado a perseguir delitos de otra índole “ocho años de cárcel por robarse una vaca en este país”, dijo Guillén.
De igual forma, el procurador para la defensa de los Derechos Humanos, consideró que los actos de corrupción deben ser entendidos como un comportamiento ilícito de cualquier funcionario público.
Morales explicó que entre las causas que propician este tipo de actos está la tolerancia social, además el miedo a denunciar los actos lo que permite la creación de “estructuras de corrupción”, dentro de las instituciones del Estado.
Para el procurador, el impacto de la corrupción genera una dinámica de la función pública basada en proyectos que buscan la corrupción y no el beneficio social.
En cuanto al impacto político, Morales consideró que la corrupción contribuye a profundizar las desigualdades sociales, ya que perpetúa la ineficiencia de la burocracia.
Para el procurador, los delitos de corrupción se mantienen en la impunidad, por lo que pidió una profunda depuración de jueces y una reforma judicial que garantice el debido proceso para castigar penalmente a los involucrados en este tipo de actos.
Asimismo, el presidente de la APES, aseguró que la corrupción se puede clasificar en dos tipos: los de “pequeña corrupción” que son hechos que a menudo aparecen en las noticias, como el uso indebido de vehículos públicos o sobornos entregados a agentes policiales.
Sin embargo, los actos considerados de “gran corrupción” muy pocas veces son publicados en los medios de comunicación, ya que consideró que son difíciles de investigar y sustentar.
Para el presidente de la APES, algunos medios de comunicación nacionales no investigan actos de corrupción debido a que fueron beneficiados por gobiernos anteriores que entregaron concesiones.
Los representantes de las instituciones como la ciudadanía presente en el evento coincidieron en que la investigación del destino de la cooperación de Taiwán debe ser la punta de lanza para investigar otros casos de corrupción.
