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Alma Vilches
Ezequiel Linares
@EzequieLinar12
Ante a las amenazas en contra del sacerdote Miguel Vásquez, párroco de la Iglesia San Bartolomé Apóstol, en Arcatao, departamento de Chalatenango, diferentes organizaciones se pronuncian a través de un comunicado y exhortan al padre a denunciar los hechos en la Fiscalía General de la República (FGR), para que proceda como corresponde.
El comunicado detalla que existe la probabilidad de que ocurra una fatalidad por el entorno político amenazante contra el sacerdote católico. “No se agota únicamente con el padre miguelito (Miguel Vásquez), también se encuentran en situación de inseguridad aquellas personas y comunidades que, en esos municipios, hayan sido identificados como opositores a la gestión gubernamental”.
El padre Miguel Vásquez reiteró en varias ocasiones que desde noviembre de 2020 denunció maniobras de corrupción por la compra de votos para llegar al poder el partido Nuevas Ideas, al grado de corromper la voluntad de los votantes. Los casos han sido documentados y serán presentados al iniciar una verdadera investigación.
“Mi vecina, que se ha dedicado a recolectar fondos entre la población migrante para el partido del presidente y apoyarlo en Arcatao, me atacó por estar observando esto en las redes sociales y posteriormente me pedía perdón, a lo que le manifesté que guardo sus mensajes, y quería que un día me los comentara presencialmente, nada por celular”, enfatizó Vásquez.
Asimismo, dio a conocer que Ovidio Dubón, un migrante y residente en Estados Unidos que va y viene a Arcatao, y ahora va de concejal, cuya casa sirve de sede del partido Nuevas Ideas, a amenazado a una pobladora de la comunidad. “Dígale a ese cura que se quite el gabán y se vaya de aquí”, amenazó, por lo cual lo hizo responsable de lo que le pueda pasar a él o a la señora.
“En la medida que se acercó el día de las elecciones se arreció la oferta de dinero por voto y, además, distintos ofrecimientos, de lo cual hay testimonios de los pobladores, quienes piden el anonimato por seguridad. Yo he venido denunciando estas anomalías desde finales de noviembre. Los involucrados saben desde cuando lo vienen haciendo, y abrieron cuenta en el banco para recibir fondos y han servido para corromperse con la compra de votos”, afirmó el religioso.
La denuncia que hacen las organizaciones sociales es que todo se debió, por haber expresado su inconformidad frente a la misma, por cuestionar las ilegalidades previas al domingo 28 de febrero, por denunciar lo ocurrido ese día o por haber evidenciado su preferencia por otro partido distinto al oficial.
También hacen un llamado a las otras organizaciones sociales del país y a los medios de comunicación nacionales independientes, así como a entidades internacionales y a los organismos intergubernamentales de derechos humanos, para que expresen su solidaridad afectiva tanto a favor del padre Miguelito como con su feligresía de Arcatao y Nueva Trinidad.
Llaman, además, a construir la vigilancia social y política de lo que está ocurriendo en esas comunidades, en acompañamiento solidario y fraterno, y en acción urgente para prevenir el cometimiento de hechos irreparables y lamentables.
“No podemos obviar, al hacer este planteamiento, nuestra profunda preocupación por el asesinato de Concepción Varela, quien era candidato a alcalde municipal de Nueva Trinidad por el Partido de Conciliación Nacional (PCN), él fue considerado desaparecido durante tres días, antes de las elecciones, demandamos a las autoridades competentes una exhaustiva investigación, mediante la cual se esclarezcan los móviles de este grave hecho y se sancione a sus responsables”, señalan.
Pidieron también al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordene una investigación de las personas ligadas al partido Nuevas Ideas, que han estado involucrados en canalizar fondos para la compra de votos en todo el municipio de Arcatao y Nueva Trinidad.
Además, impedir la salida del país de aquellos quienes están involucrados en delitos electorales, investigar las cuentas bancarias que expresen este tipo de maniobras y den a conocer el uso dado a estos fondos.
Finalmente, hicieron un llamado a la cordura y la responsabilidad por parte de las autoridades estatales. Si existe un compromiso con el mantenimiento de la paz y el respeto de los derechos humanos, no es admisible que de nuevo se pongan en riesgo las libertades de la población.
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