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Oscar López
@Oscar_DCL
El Movimiento ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) instaron a la Asamblea Legislativa a abrir un proceso de consulta previo a la discusión y aprobación de una Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos.
Consideran importante que se realicen las consultas pertinentes con las organizaciones sociales, pues el sector puede realizar aportes en la temática; asimismo instan a que se haga un debate serio, transparente y de alto nivel de la propuesta de ley presentada.
Ambas organizaciones fundamentan su petición al Legislativo en las recomendaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que indicó que de debe revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a entidades que pueden ser utilizadas para el financiamiento del terrorismo. “MODES y FESPAD hacemos un llamado a la Asamblea Legislativa para que se abra un proceso transparente, de debate serio y participativo en el cual las organizaciones podamos llevar nuestra opinión, porque una de las recomendaciones tiene que ver con el control que el Estado debe de hacer a las organizaciones de sociedad civil, para que no sean utilizadas como mecanismo de lavar dinero”, dijo Loyda Robles, representante de FESPAD.
Al respecto, Marta Elena Rauda representante de MODES declaró, que en la Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro se establece que el Estado debe fomentar la participación de la sociedad civil; “no debe limitar porque tenemos el derecho a la libertad de expresión y de organización”, dijo.
Rauda agregó que las organizaciones no se oponen a los controles gubernamentales, pero que es importante que la propuesta de ley sea consultada; para que al ser aprobada por el Legislativo, no sea un marco legal restrictivo.
“Que fomente el trabajo por el desarrollo de nuestro país, eso es lo que estamos exigiendo; el mismo Estado y la Ley de Asociaciones establece que el Estado debe de fomentar la participación de la sociedad civil y no estigmatizarla o limitarla, una ley nos podría reducir el derecho propio ganado”, enfatizó Rauda.
Robles explicó que representantes del GAFIC visitaron el país con el objetivo de darle seguimiento a la adecuación legal que El Salvador debe realizar, para dar cumplimiento a las recomendaciones que el organismo tiene establecidas como estándares internacionales.
“Conocemos que la fiscalía elaboró la propuesta de ley, la introdujo a la Asamblea Legislativa, se empieza a debatir pero actualmente esta no se discute, fue regresada a la Fiscalía General de la República y entiendo que se harán modificaciones”, declaró Robles.
