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Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino
La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales exigieron al Estado salvadoreño la “anulación de la causa judicial” contra los ambientalistas criminalizados por su labor de defensa de los bienes naturales en El Salvador.
Delicados de salud y en arresto domiciliar, después de casi ocho meses de estar en un centro penal, los ambientalistas: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes históricos de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES- Santa Marta, esperan que su defensa técnica logre su liberación definitiva.
“Los defensores ambientales de ADES estuvieron detenidos durante siete meses y ahora se encuentran en prisión domiciliaria, el Estado salvadoreño no cesa las acciones de criminalización. Denunciamos que esta acción judicial es la respuesta patriarcal, extractivista y colonial a la defensa del agua, el aire y la tierra para el pueblo salvadoreño”, afirmaron las organizaciones.
“ADES es una organización con casi veinte años de lucha y resistencia contra la explotación de oro y plata. El Salvador es el único país libre de minería metálica gracias a la lucha del movimiento ambientalista, donde ADES tiene años de esfuerzo y trabajo acumulado”, reseñaron.
Sobre la causa judicial diversas organizaciones han reiterado que carece de pruebas contra los acusados y que la Fiscalía General de la República se encuentra alejada de buscar la aplicación de justicia. “La causa judicial es una de las formas para despojar a las comunidades de sus fuentes de agua y por ende hacer de El Salvador un territorio de sacrificio, despojando a sus habitantes de sus fuentes de agua y condenándolos al despojo y precarización de sus vidas”, señalaron.
La judicialización es una estrategia del Estado para perseguir a las y los defensores del medio ambiente con el fin de volver a abrir las fronteras a los megaproyectos mineros . “Exigimos anular la acusación penal, revertir el proceso judicial o cerrarlo definitivamente al considerar que el caso contra los líderes ambientalistas de Cabañas no tiene fundamento jurídico”, expresaron.
Las organizaciones reiteraron que la acusación penal es improcente debido a la Ley de Reconciliación Nacional, que fue aprobada el 23 de enero 1992, y puesta en vigencia por la Sala de lo Constitucional en 2016, al derogar la Ley de Amnistía”, recordaron.
Mientras, la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria “Nueva Heroica Santa Marta” de R.L., emitió un pronunciamiento dirigido a la Jueza de Primera Instancia de Sensuntepeque, María Elizabeth Rivera, donde solicitan el “cierre definitivo del caso judicial” que mantiene a sus compañeros aún bajo arresto domiciliar.
“El día 26 de septiembre la defensa legal presentó ante usted el recurso de sobreseimiento definitivo a favor de los detenidos por la prescripción de la acción penal, amparado en la Ley de Reconciliación Nacional de 1992. Una ley vigente para nuestro sistema jurídico actual desde julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional derogó la Ley de Amnistía”, expresó.
Lo cooperativa informó que por orden judicial emitida por la jueza, entre el 26 al 29 de junio, fueron intervenidas las tierras de la Cooperativa Nueva Heroica Santa Marta, donde, con empleando de maquinaria pesada excavaron 120 metros lineales por 3 metros de profundidad, en presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales , el personal de Medicina Legal y la jueza Ana María Velásquez de Escobar, de Ciudad Victoria, para realizar una exhumación de la supuesta víctima, pero no encontraron nada.
Las organizaciones han reiterado que la Fiscalía General de la República ha basado su acusación en un “relato contradictorio” de un testigo con régimen de protección, quien en un primer momento declaró que presenció los hechos y luego se retractó, tras aclarar que no había visto, sino que le contaron.
“La supuesta búsqueda del cadáver de la víctima tuvo un resultado fallido, dejando en evidencia que el caso construido por la Fiscalía contra nuestros líderes, entre los cuales se encuentra Pedro Antonio Rivas Laínez, miembro afiliado a nuestra cooperativa desde hace 30 años, no tiene asidero en pruebas”, acotó.
“Al no existir cuerpo del delito le solicitamos señor jueza sobreseer definitivamente a los líderes comunitarios y cerrar este caso que nunca debió haber iniciado. Continuar con este proceso penal sería flagrante y violatorio de la Ley de Reconciliación Nacional y a los Acuerdos de Paz, auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas, bajo esta ley la acusación y detención de nuestros compañeros seguirá siendo ilegal”, finaliza el pronunciamiento.
