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Redacción Nacionales
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En este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, organizaciones sociales demandaron del Gobierno de El Salvador una atención integral y protección efectiva para familiares de personas desaparecidas, impulsar políticas públicas que contribuyan a prevenir, investigar y erradicar esta práctica.
El Bloque de Personas Desaparecidas en El Salvador, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Plataforma por la Seguridad Ciudadana y COFADES, expusieron que en El Salvador los precedentes más inmediatos de la desaparición de personas se remiten a la etapa del conflicto armado (1970-1992), período en el que, según estimaciones, alrededor de 8,000 personas fueron desaparecidas forzosamente por agentes del Estado y grupo paramilitares que actuaban bajo su aquiescencia.
Luego de finalizado el conflicto, este fenómeno se redujo significativamente y no fue hasta inicios de la década del dos mil que surge como expresión delictiva. Si bien no existen estadísticas integradas y validadas del número de personas desaparecidas en las últimas décadas, los registros de las fuentes institucionales hablan de varios miles de víctimas. Solo entre 2014 y 2019 la Fiscalía General de la República registró más de 20,000 denuncias.
Según los datos del Grupo de Trabajo de las Personas Desaparecidas en El Salvador, entre 2019 y 2022 se registraron unos 6,443 reportes de personas desaparecidas, de las cuales un 37.20 % no se encontraron.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), por su parte, señala que, entre enero de 2022 hasta diciembre de 2023, recibió 54 denuncias de desaparición forzada de personas. De ellas, 40 corresponden a hombres (74.07 %) y 14 a mujeres (25.93 %). Asimismo, las organizaciones de derechos humanos que conforman el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador documentaron 327 denuncias de desaparición forzada desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022.
Las organizaciones sociales demandaron del Estado una atención integral y la protección efectiva de familiares de las personas desaparecidas, impulsar políticas públicas que contribuyan a prevenir, investigar y erradicar las prácticas de desaparición forzada, tanto las que ocurrieron en el pasado, incluidas las del conflicto armado, como las que se han producido recientemente en el marco de las políticas de seguridad pública y las atribuidas a grupos criminales.
Asimismo, piden someter a discusión en la Asamblea Legislativa una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que integre los principios rectores aprobados por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en abril de 2019. De igual forma, exigieron que se ratifique la Convención Internacional para la Protección de todas la Personas contra las Desapariciones Forzada, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y se declare el 30 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
