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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“En reiteradas ocasiones se le ha solicitado al Fiscal Douglas Meléndez, cuál es la situación del Alcalde Joel Ernesto Ramírez”, dijo Carlos Flores de la UNES, junto al Foro del Agua, la Alianza contra la Privatización del Agua y otras organizaciones dedicadas a la Defensa de los derechos humanos, a quien acusan de realizar acciones delictivas. Las organizaciones acompañaron a siete comunidades de Tacuba, Ahuachapán, que han enfrentando la persecución judicial de sus líderes, por denuncias presentadas por edil Joél Ernesto Ramírez.
Flores señaló que es competencia de la Fiscalía defender los intereses del Estado y de la sociedad.
“Hemos visto su trato arbitrario con la Junta de Agua, -La Bendición de Dios- que el alcalde Ramírez ha venido tratando de apropiarse desde el año 2007, y que nosotros hemos denunciado y hasta la fecha no hemos identificado, ¿Cuál es el proceso que la Fiscalía ha abierto?, también tenemos a ANDA que también lo denunció por malversación de fondos en el Sistema de Agua de Tacuba”, agregó Flores.
Las denuncias que penden contra el actual edil tacubense, suman tres, la primera de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por delito de “administración fraudulenta en la empresa municipal de su propiedad, -Empresa Municipal Descentralizada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario EMASAGUAT.
La segunda denuncia fue presentada por los residentes del municipio de Tacuba, Ahuachapán, por el delito de “peculado” en la compra irregular de abono con fondos oficiales que entrega el gobierno central (FODES) a los gobiernos locales para ser usados en un 75% en proyectos de desarrollo y el 25% restante para pagos administrativos.
La tercera denuncia presentada ante la Fiscalía General, fue por los líderes de las siete comunidades de Tacuba, por el delito de “peculado, actos arbitrarios y casos especiales de lavado de dinero y activos”, en pago de deudas de privados, que no han tenido mayores indicios de investigación por parte del ente fiscal. “No solo está en juego la libertad de estos nueve líderes comunales, que han sido injustamente acusados y perseguidos por el Alcalde Ramírez, sino que también está en juego el abastecimiento del agua potable de más de tres mil personas.
Es por esto, que creemos que la Fiscalía General de la República debe ejercer su labor y es para aplicar la pronta justicia en este caso. Porque vemos indicios de irregularidades en el proceso penal que se está siguiendo contra los líderes comunales y ahora, los estamos denunciando a nivel nacional e internacional”, expresó Karen Ramírez, del Foro del Agua.
Margarita Posada de APROCSAL y Foro Nacional de Salud, lamentó que la actuación del Fiscal Meléndez con ciertos casos ha sido “triste”, porque existen casos donde se han violentado derechos fundamentales de la población y su reacción ha sido tenue e infructuosa.
