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@JoakinSalazar
Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos pidieron que se haga justicia para los padres Jesuitas y dos colaboradoras asesinadas en noviembre de 1989, thumb en manos de elementos militares.
Bajo la mirada del monumento al Salvador del Mundo, organizaciones sociales se reunieron para pedir justicia para los padres jesuitas asesinados 26 años atrás.
A la luz de las velas, que para ellos representaba la necesidad de dejar atrás la impunidad, decenas de personas realizaron un plantón, recordando las palabras del Beato Monseñor Oscar Romero, “la voz de la justicia nadie la puede callar”. Los dirigentes sociales recordaron los diversos hechos considerados delitos de Lesa Humanidad perpetrados por la extinta Guardia Nacional, llenando de luto a muchas familias del país.
Ayer, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó que dicha entidad ya recibió la solicitud de extradición de los militares requeridos por la Audiencia Nacional de España, por el asesinato de cinco sacerdotes Jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuria a la sazón rector de la UCA. Abraham Ábrego, Director de la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sostuvo que la CSJ tiene una oportunidad para romper con la tradición de impunidad al tener que decidir sobre la extradición a España de los militares capturados.
Desde el pasado febrero los militares, el coronel Guillermo Alfredo Benavides, Ramiro Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomas Zárpate Castillo, todos miembros del Batallón Atlacatl, guardan prisión, y esperando que la CSJ decida si son enviados a España o puestos en libertad.
“No hay un impedimento para extraditarlos a España, ni la Ley de Amnistía lo impide porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no es válida, los argumentos que se han dado nos parecen que no son correctos”, explicó Ábrego.
En 2011, los militares evadieron la detención al refugiarse en un cuartel militar de San Salvador, mientras obtenían una resolución de la Corte Suprema de Justicia amparada en una amnistía que perdonó las atrocidades cometidas en el conflicto armado (1980-1992).
En total son 17 militares los requeridos por la Audiencia Nacional de España, que desde el año 2010 reabrió el caso y ordenó la captura de los presuntos asesinos de los sacerdotes Jesuitas, a solicitud de los familiares que residen en el país Vasco. Sin embargo, uno de ellos falleció, por lo que son 16 los militares con orden de captura.
En el caso del general Inocente Orlando Montano, un Juez de Estados Unidos ordenó su extradición a España, por lo que espera ser enviado en próximas fechas. El resto de los militares aún se encuentran prófugos de la justicia. Los abogados de la defensa solicitaron ayer una audiencia especial al Juzgado Primero de Paz de San Salvador, para la revisión de medidas en contra de los militares detenidos.
Por su parte, magistrados de la Corte Suprema de Justicia afirmaron que hasta la próxima reunión de Corte Plena se ventilará la solicitud de España sobre la extradición de los mismos.
