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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y movimientos sociales, señalaron que para solucionar el problema habitacional en el país, se deben crear políticas públicas que satisfagan esa necesidad, ya que no se puede mercantilizar el derecho a una vivienda digna.
Según Omar Flores, coordinador del programa de derechos económicos, sociales y culturales de FESPAD, entre los factores que inciden para el déficit habitacional está la falta de ingresos, leyes adecuadas, pues se cree que desde el neoliberalismo se debe solucionar el problema habitacional, cuando en realidad es necesaria una política pública para satisfacer las necesidades de las personas que no gozan de una vivienda.
Flores, dijo que el último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica que el déficit habitacional, cuantitativo y cualitativo, ascendía al 58 % de la población. El dato más reciente, la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2017, refiere que solo el 53 % de la población tiene el derecho de dominio sobre la vivienda.
Asimismo, enfatizó que en el país un número muy reducido de personas pueden acceder a las entidades crediticias y contar con una vivienda, debido a que solo 2 millones 900 mil personas son económicamente activas. El 7 % está desempleada y una buena parte está en sub empleo.
FESPAD trabaja en coordinación con diversas comunidades y movimientos, una de ellas MOVI-TIERRA, a fin de asegurar el acceso y la seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, en especial de aquellas comunidades asentadas en terrenos ocupados que son propiedad del Estado o entidades privadas, a quienes se les debe de garantizar ese derecho.
“El Estado no ha sabido garantizar ese derecho, porque tenemos ausencia de la normativa que lo desarrolle, el Ejecutivo estaba trabajando un anteproyecto de Ley referente al derecho de la vivienda adecuada, sin embargo, no llegó a presentarse a la Asamblea Legislativa, es una deuda porque no se han impulsado las políticas públicas necesarias para satisfacer este derecho”, recalcó.
FESPAD hizo un llamado al nuevo gobierno para tomar en cuenta este tipo de problemáticas y formular las políticas públicas, durante el próximo quinquenio, ya que en el Plan Cuscatlán se hace una propuesta de veinte obras por día, pero no se especifica si son viviendas u otro tipo de infraestructura.
Norma Pérez, coordinadora de MOVI TIERRA, manifestó que se buscan alianzas para una estabilidad en las comunidades, debido a la inseguridad jurídica, pues gran cantidad de familias no cuentan con una escritura que los respalde como dueños de los terrenos que habitan.
