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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
El movimiento social inició en la “XVIII Caminata Ecológica”, su lucha de calle, para evitar que el Órgano Legislativo y en especial los partidos de derecha conjuguen intereses y sumen votos para emitir una Ley General de Aguas, que tendría una importante cuota del gran empresariado salvadoreño.
Rodolfo Calles, abogado y activista de CRIPDES, en entrevista a Diario Co Latino, afirmó que “la organización social en la defensa de los bienes comunes es un proceso que se presenta. Permitirá a la población tomar conciencia y adherirse a esta lucha que no le es ajena, y que como pueblo nos corresponde librarla”, afirmó.
¿Qué lectura haces de la decisión de los partidos de derecha en la nueva Comisión de Medio Ambiente?
– No hay duda que la derecha comienza a “sacar las uñas”, y no han esperado demasiado tiempo sobre cómo tratar este tema y con esa decisión de pasar por encima o dejar sin efecto los 92 artículos que ya habían sido discutidos en la legislación anterior, es un abuso.
Y mucho más, cuando toman como base la discusión para la Ley General de Aguas, al anteproyecto presentado por la empresa privada, o sea, la ANEP para ser precisos.
Y eso me dice que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático tendrá esa dinámica en la actitud de su agenda de trabajo, de sobrepasar los consensos y han comenzado con un tema estratégico.
¿Cuál es la principal meta de los partidos derecha?
– Esa comisión tiene, por ahora, la decisión de discutir un nuevo articulado, porque están a cero y prácticamente el punto que les interesa y de gran ambición es la privatización de la institucionalidad para administrar el recurso hídrico.
La población lo único que puede hacer para generar una presión sostenida es salir a la calle y manifestar sus demandas, porque recordemos que quienes eligieron esos políticos fueron ellos. Y si esos diputados aprueban una ley privatizadora del agua, que olviden el voto para sus partidos políticos.
Esta lucha social nosotros la vamos a acompañar, porque si la gente no comprende la gravedad de una ley privatizadora de este bien colectivo, estamos dando los pasos hacia una crisis más complicada que la actual.
¿Habría conflicto por la privatización del agua en el país?
– Por supuesto, habría conflicto por el agua y mucho más, si se prioriza su uso mercantilizado, porque la gente va a quedar más vulnerable en su desarrollo y otros aspectos. Y aunque digan los diferentes diputados de extrema derecha que no hay intención de privatizarla, sí existe la decisión.
¿Cuál es el principal obstáculo a que participe en la administración del recurso el empresariado?
– Lo que ocurre es que la empresa privada no puede participar, porque no puede ser juez y parte en el tema hídrico. Por lógica si ellos negocian con el agua, no pueden tomar decisiones también dentro de la autoridad del agua, es inaudito, no pueden estar ahí.
Nosotros lo que hemos dicho, como movimiento social, es que el agua tiene que ser gestionada por el Estado salvadoreño, porque es un bien público y no puedes estar tomando decisiones sobre el recurso hídrico y estar beneficiándose.
Solo puedo adelantar que si ingresan a la autoridad del agua, la empresa privada realizará lo que mejor saben hacer, sacar el mejor provecho y lucro del bien colectivo del agua.
¿Cuál es el mensaje para los diputados de la derecha legislativa?
– Que el pueblo está aquí, que el pueblo no está dormido sino vigilante y despierto y que ellos como funcionarios públicos se deben a la gente y no al gran Capital, eso le decimos a la derecha legislativa, a la que vamos a fiscalizar lo que están haciendo contra el pueblo salvadoreño.
Estamos también haciéndole saber a la gente las intenciones de los partidos políticos como ARENA, PCN, PDC y GANA, con la privatización del agua, desde el ente regulador.
Y esto no es nuevo, lo hemos venido diciendo, lo hemos venido trabajando con las Juntas de Agua, pero vamos a profundizar en las comunidades y con los sectores productivos nuestros planteamientos, porque no es posible que la derecha piense en lucrar como son sus fines comerciales, frente a miles de personas que viven en pobreza y no cuentan con acceso a este bien hídrico y no pueden quedar postergados en sus derechos humanos.
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