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Las organizaciones sociales FESPAD, sildenafil ARPAS, and ISD, check Unes, CDC, IMU presentaron ayer ante el Juzgado Primero de Instrucción un escrito en el que solicitan la revocatoria de la reserva total decretada en el caso Flores-Taiwán.
Mirla Perla, ex magistrada de la CSJ, aseguró que la medida decretada por el juez Levis Italmir Orellana, esta semana, es arbitraria e impertinente.
Recordó que las víctimas en este sonado caso de corrupción es la misma sociedad, porque el dinero desviado por Flores era para proyectos sociales, entonces, tienen derecho a saber qué está pasando con el proceso.
“Nos parece extraño que se este decretando una reserva total en un caso tan publico”, señaló la ex magistrada.
De no obtener una respuesta favorable, las organizaciones preparan un amparo para presentarlo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por violaciones a derechos al decretar esta medida.
Sin embargo, esperan que el juez del Primero de Instrucción “revoque”, su decisión y recapacite dijo Perla.
Las organizaciones afirman que en este caso en particular no se cumple con el requisito, ya que no es un caso que atente la seguridad nacional, que sean hechos tan fuertes que podrían herir susceptibilidades o cuando son casos de violaciones que se decreta reserva para proteger la identidad de las víctimas.
Juan Carlos Sánchez, de FESPAD, aseguró que los procesos de esta naturaleza son públicos y que hay excepcionalmente la posibilidad de declarar reservas, pero esas reserva tiene que estar apegada a principios y no de forma arbitraria.
Sánchez explicó que el operador de justicia tiene un plazo de 72 horas para responder el escrito presentado, aceptando o negando la solicitud. Las organizaciones no solo utilizan esta herramienta legal para buscar que la reserva sea levantada y presentarán el amparo ante la Corte en las próximas horas.
El ex presidente Flores es acusado de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares, al desviar 15 millones de dólares donados por Taiwán, durante su gestión como presidente. Fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) hace unas semanas ante el Juzgado Primero de Paz, que ordeno la captura y el embargo de bienes, como medida.
Leonel Herrera, director de ARPAS, sostiene que se debe de exigir que exista una condena ejemplarizante y que abra la puerta a los casos que vendrán posteriormente.
“Por eso la relevancia. Es la primera vez que un ex presidente que esta siendo procesado y es una prueba muy fuerte para la institucionalidad del sistema judicial”, señaló Herrera.
El director de la ARPAS, incluso, criticó el razonamiento público del juez girado el martes por su oficina. “Es un insulto para los medios, porque dice que es debido a las especulaciones y a las cosas irresponsables que los medios han publicado sobre el caso, que decreta la reserva, creo que debería de existir un reclamo fuerte de los medios hacia el juez porque esta cuestionando el trabajo periodístico”, advirtió el director.
Procurador investigará motivos de “reserva total”
Frente al decreto de reserva que el juez Primero de Instrucción de San Salvador, Levis Italmir Orellana, impuso en el caso del ex presidente Francisco Flores, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales, dijo que requerirá un informe para conocer los motivos de dicha decisión.
Morales dijo estar preocupado ante la iniciativa del juez, quien argumenta “no querer convertir el caso en un espectáculo”. Según el procurador, es probable que se estén violentando algunas garantías procesales y que esto pueda convertirse en privilegios para el acusado que podrían derivar en impunidad.
“El juez tiene potestad para declarar reserva en el caso”, explicó el funcionario. Sin embargo, aclaró que los motivos no deben ir contra derechos primarios de la población ni contra la Constitución de la República.
“La decisión del juez podría entorpecer el derecho a la libertad de expresión, pues los medios no podrían tener acceso a la información y la ciudadanía tampoco podría recibirla”, añadió Morales.
“A mi juicio, los procesos judiciales por corrupción deben ser tratados con suma transparencia. Es sospechoso que casos que han pasado ocultos por años, cuando finalmente fueron dados a conocer a la opinión pública y hay una necesidad de información de parte de la población, se esté negando el acceso a la información”, expresó el procurador.
Dijo que en el transcurso de la semana, presentará una solicitud para que el juez Orellana pueda enviar un informe argumentando su decisión. “En caso de que no la respondiera, incurriría en una violación a la ley de la Procuraduría, la cual yo tendría que informar formalmente y podría acarrear consecuencias en términos administrativos”, concluyó.
Reserva de caso violenta la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
Según el presidente de la APES, José Luis Benítez, la medida coarta el derecho de acceso a la información para la población y la libertad de expresión para los periodistas.
A juicio del profesional, los criterios que el juez ha expresado para justificar su decisión no son válidos. “Orellana alega que la reserva ayudará a mantener el orden público y porque los medios periodísticos no están abordando la noticia de la manera adecuada; sin embargo, esos motivos no son válidos, pues el caso no está generando división o caos en el país y el segundo argumento contradice la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión emitidos en el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, explicó.
Benítez añadió que en el caso de que los medios cometieran errores en sus coberturas hay otros mecanismos sancionatorios que podrían aplicarse, pero que la Corte Suprema de Justicia no puede censurar a la prensa bajo suposiciones que no han sido probadas.
Lo que la APES propone es abrir el proceso para que la población pueda tener acceso a la información del caso. Según el artículo 13 inciso “j” de la Ley de Acceso a la Información Pública debe garantizarse el libre acceso a los “casos relevantes que por su interés público deberían conocer los ciudadanos”. Benítez lamentó el silencio del Fiscal General de la República, quien debería velar por la transparencia del proceso, que su juicio se ve amenazada por el decreto de reserva del juez Orellana.
El profesional no descartó elevar el tema a instancias internacionales en caso de que no se atiendan las denuncias de varias organizaciones civiles en el tema para que se brinde información sobre el caso. Y agregó que “garantizar el libre acceso de la prensa y la sociedad civil al proceso ayudará que este sea más transparente y justo”.
