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Gloria Silvia Orellana
@DiarioColatino
“La crisis climática ha venido golpeando a El Salvador desde hace varios años, y lo que podemos ver este año es un agravamiento de esto. En los últimos años hemos tenido eventos climáticos de lluvia intensas como huracanes, tormentas tropicales y este año tenemos sequía que afectan los medios de vida”, señaló Luis González, director de incidencia de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).
Diversas plataformas y expresiones aglutinadas en Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!, CCNIS, FUNDASAL, MPGR, UNES, CORDES, Red JuventudES, denunciaron que miles de familias salvadoreñas enfrentan hambre ante la ausencia de políticas, leyes o estrategias que aborden de manera integral de la crisis alimentaria y climática que ha impactado de lleno al país y la región.
“El fenómeno del Niño, que está afectando la seguridad y soberanía alimentaria de la población está desarrollándose sin que hayan acciones gubernamentales para hacerles frente”, agregó Luis González,
Si bien tienen claro que el cambio climático es un problema global, y que la responsabilidad es de los países ricos del Norte Global desarrollado, no obstante, el gobierno no ha realizado ni siquiera pequeñas acciones para reducir y atajar impactos mayores, argumentan las organizaciones.
“El Salvador es uno de los países afectados por la crisis climática y frente a eso, se deben generar políticas públicas, proyectos y estrategias para poder enfrentarlo a todo nivel de los impactos, y es lo que nos trae a este foro la crisis alimentaria, que se ha venido anunciando desde el principio de este 2023”, acotó.
El director de incidencia de UNES señaló que el tema alimentario ha estado en la “agenda pública”por las múltiples afectaciones generadas en las comunidades desde el 2020 por la pandemia del COVID 19, junto con invierno fuerte ese mismo año que generó 30 eventos climáticos extremos.
“Hemos visto la necesidad de debatir políticas públicas encaminadas al tema alimentario, y hemos venido recomendando desde el movimiento social esta urgencia, porque entre febrero y marzo tuvimos precios récords de la Canasta Básica Alimerntaria”, explicó.
“Sin embargo, no se actuó, luego se presenta el fenómeno de El Niño, se habla que tiene un 80% de desarrollo y se prevé que llegará a un 90% , y podría mantenerse en lo que resta del presente año y alcanzará para el 2024.
¿Qué puede hacerse?, como organizaciones sociales recomendamos aprobar una Ley de Cambio Climático y una estrategia para la seguridad y soberanía alimentaria”, reiteró González.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha señalado en sus informes que pese a los “avances económicos y sociales de El Salvador, un tercio de los hogares de este país vive en situación de pobreza y 14.5 % de los niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica”.
En las áreas más pobres y vulnerables esta cifra es superior, pues 1 de cada 2 niños sufren desnutrición crónica. El Salvador “es considerado uno de los 10 países más propensos a riesgos por desastres naturales en el mundo”, que incluye, además de problemas estructurales, es vulnerable ante a huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequías, terremotos y erupciones volcánicas.
Rúben Vásquez, integrante del CCNIS, añadió que el PMA también ha declarado que unos 8 millones de personas en Centroamérica están sufriendo “hambre de moderada a severa”, ante precios elevados de los alimentos y la dependencia de los mercados. Y esperan que aumente este porcentaje de hogares en situación de inseguridad.
“El Salvador es uno de los 18 puntos críticos de hambre en el mundo, de acuerdo con el informe de perspectivas sobre inseguridad alimentaria aguda para junio a noviembre de 2023, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), que estiman casi un millón de salvadoreños que enfrentan hambre”, acotó Vásquez.
Sobre esta situación de vulnerabilidad en la población, las mujeres y las niñas serán las que enfrentarán este impacto de manera diferenciada a quienes socialmente el trabajo de los cuidados, la provisión de agua y alimentos les han sido asignado históricamente.
Ante esta situación, Asunción Martínez, integrante de Red JovenES, urgió a la actual administración a que adopte un “plan de emergencias” que deberá responder a la crisis alimentaria que vive el país, a partir de un trabajo participativo con enfoque intercultural y de género.
“Se debe crear una política pública de seguridad y soberanía alimentaria que considere la creciente crisis climática e incluya una reserva nacional de alimentos y santuarios de semillas nativas, que garantice la participación plena y efectiva de las plataformas y expresiones de mujeres, Pueblos Indígenas, de gestión de riesgo y ambiental”, manifestó.
En cuanto al diseño de programas y políticas públicas, Martínez consideró importante la promoción e iniciativas económicas culturalmente adecuadas a los Pueblos Indígenas, brindando una línea de crédito y capital semilla para iniciativas productivas.
“Es importante dar énfasis a las mujeres y también la firma y ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fortelezca los sistemas alimentarios indígenas que conlleve el acceso jurídico a tierras comunitarias y retomando el PLANPIES”, añadió.
“Se debe gestionar la sequía desde un enfoque de prevención e intersectorial, que formule instrumentos de políticas y planificación, para que se articulen con los programas y estrategias de desarrollo nacional y que sean coherentes con los planes de adaptación al cambio climático”, puntualizó.
