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Oscar López
La reciente publicación del denominado “Libro Amarillo” es considerada como una oportunidad para que el Estado salvadoreño busque la verdad sobre los acontecimientos cometidos durante la guerra civil.
Héctor Bernabé Recinos, sales miembro del Comité de ex Prisioneros y Prisioneras Políticos de El Salvador (COPPES), comentó que el Estado salvadoreño tiene la oportunidad para brindar verdad, justicia y reparación no solo a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino también a sus familiares.
“Lo que demandamos es saber, es justicia y reparación, son cosas fundamentales. Dónde está mi esposa, dónde está mi hija de 13 años que fue capturada por la Policía de Hacienda. Eso no funciona con el olvido, el Estado tiene que facilitar el conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación”, afirmó Recinos, un histórico dirigente del sindicato de eléctrico y de la FENASTRA revolucionaria.
Asimismo, las organizaciones proderechos humanos coincidieron en que es importante derogar la Ley de Amnistía, ya que con esto se podrían investigar a profundidad los crímenes cometidos durante la guerra.
“La cosa no funciona solo por decreto, tenemos como sociedad de entrar a ese proceso de demandar verdad, justicia y reparación”, argumentó Recinos.
Eduardo García, miembro de Pro-Búsqueda, comentó “seguimos esperando que se haga justicia”, esto basado en que a pesar de que se han puesto varias demandas a nivel internacional, estos casos no han sido investigados por las autoridades competentes.
“No es cuestión de si pasó o no pasó, evidencias hay. Nosotros tenemos evidencias patentes con 400 casos resueltos, con más de 245 reencuentros, hay niños que desaparecieron durante el conflicto armado, hay niños que fueron encontrados y son testimonios patentes de que eso ocurrió”, explicó García.
Para el representante de Pro-Búsqueda, “la tortura se sostiene en el tiempo en la medida que no se resarcen y se da tratamiento sicológico a las personas que lo sufrieron, en igual medida se sostiene la tortura en los familiares de la niñez desaparecida”.
Las organizaciones sociales indicaron que el Órgano Judicial no ha investigado varios casos, esto a pesar de que la Sala de lo Constitucional dictaminó que no es necesaria derogar la Ley de Amnistía para investigar y esclarecer estos casos.
El “Libro Amarillo” es un documento de la década de 1980 de los archivos del servicio de inteligencia militar de El Salvador, en él se identifican a casi dos mil ciudadanos salvadoreños considerados “terroristas delincuente” por la Fuerza Armada.
Otras personas mencionadas en la lista son defensores de derechos humanos, líderes sindicales y figuras políticas; muchos de ellos sufrieron detenciones ilegales, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otras violaciones de los derechos humanos.
