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@BeatrizCoLatino
Organizaciones sociales presentaron un escrito ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el desvío de fondos donados por Taiwán, pilule en la que recomiendan la destitución del fiscal general, Luis Martínez, por “omisión” en el sonado caso de corrupción Flores-Taiwán.
La Iniciativa Social para la Democracia (ISD), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) y demás organizaciones sociales contra la corrupción, indican que el fiscal debe ser convocado con “urgencia” ante el pleno de la Comisión y que rinda un informe de las investigaciones en torno al caso Taiwán.
Ramón Villalta, del ISD, aseguró que como parte querellante están preocupados porque no existe hasta hoy la acusación en contra del ex presidente Francisco Flores, por el delito de lavado de dinero.
Recordó que tanto la Comisión Especial que investiga el desvió de fondos, como las organizaciones sociales presentaron un aviso ante la Fiscalía, para que Martínez investigue el posible delito de lavado de dinero cometido en el proceso de donación, pero hasta hoy solo existe silencio.
“Ante la negativa y la opinión pública que ha manejado el fiscal, de que él no se le va decir que es lo que va investigar y que además afirmó que no investigaría el caso de lavado de dinero, entonces, venimos para que sea la Comisión la que determine esa discrecionalidad con la que está actuando el fiscal”, explicó Villalta.
De acuerdo con las organizaciones, la primera iniciativa es que el fiscal sea interpelado y que luego de la evaluación de las investigaciones, los diputados de la Comisión Especial puedan emitir un “dictamen para que recomienden la destitución del fiscal general por el cometimiento de delitos e incumplimiento del deber”.
“Consideramos que el fiscal no está cumpliendo las funciones que constitucionalmente se le han encomendado y que el fiscal está actuando en este caso, para favorecer el proceso del juicio en contra del ex presidente Flores”, advirtió Villalta.
Las organizaciones querellantes, ISD y FESPAD, denunciaron que con la acusación de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares, el caso en contra del ex mandatario caerá.
Incluso, denuncian que el caso fue preparado desde la Fiscalía para que se pierda y con ello se perjudicarían los intereses del Estado salvadoreño.
La Fiscalía se vio obligada a presentar la acusación en contra del ex mandatario, luego que el ex presidente Mauricio Funes revelará sobre la existencia del ROS (Alerta de Operaciones Sospechosas) del departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En la alerta se informaba de la emisión de cheques por 10 millones de dólares al ex presidente, que servirían para proyectos sociales, pero que nunca llegaron al erario publico.
Luego de ese proceso se cuestionó al fiscal general por no informar sobre el proceso de investigación y sus vínculos laborales con la familia y el propio ex mandatario.
“El fiscal retardó la investigación, solo pidió el requerimiento ante el juez por tres delitos y de estos delitos el fiscal no ha presentado pruebas contundentes que puedan determinar que habrá un juicio que sea capaz de deducir responsabilidades”, criticó Villalta.
Luego de la presentación de la solicitud, la Comisión Especial tendrá a bien convocar a una reunión y definir su postura. Las organizaciones revelaron que tienen acompañamiento de las fracciones legislativas del PNC, GANA y el FMLN para la interpelación del fiscal.
Mientras que Leonel Herrera, de ARPAS, dijo que es importante que la Comisión Especial convoque al fiscal y que pida un informe del porque no incluye el delito de lavado de dinero.
“Si la Comisión constata que ha habido negligencia, que ha habido omisiones que son causales de destitución, entones que la Comisión le proponga al pleno la destitución”, explicó Herrera.
Actualmente, el ex presidente Flores se encuentra guardando arresto domiciliar, luego que sus abogados solicitaran una revisión de medidas por problemas de salud y así cambiar su detención provisional en las bartolinas policiales.
