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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En los alegatos finales en la Audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Morena Herrera, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, reseñó que en el caso Beatriz se ha demostrado claramente la realidad de El Salvador en relación a la penalización absoluta del aborto.
“El Estado sostiene que las normas que penalizan el aborto no fueron aplicadas al caso concreto. No obstante, la prueba del proceso es abundante e incuestionable. Beatriz no recibió el tratamiento unánimemente recomendado por sus médicos tratantes al inicio de su embarazo, porque El Salvador no permite el aborto en ninguna circunstancia y sus médicos y ella tenían temor”, señaló. “De hecho la ministra de Salud de El Salvador, de ese entonces sostuvo con relación al Código Penal que -lo ideal sería un cambio en la ley- cuanto menos poder económico y jurídico tenga una persona, más oportunidad tiene de ser víctima de una legislación injusta”, agregó Herrera.
Sobre el caso, agregó, que las violaciones a los derechos a la vida, integridad y salud de Beatriz, constituyen una forma de “tortura” sus derechos a la vida privada y familiar; al acceso a la justicia y garantías judiciales. Beatriz fue diagnostica con lupus, nefropatía lúpica (daños de riñón) y artitris, todas estas enfermedades autoinmunes, incurables y progresivas. El “lupus” en sí, es considerado mortal.
Mientras, Camila Ormar de CEJIL, litigante en el caso por la familia de Beatriz, alegó en su intervención que desde mediados de marzo de 2013, los médicos de Beatriz conocían los riesgos que implicaba continuar con el embarazo en donde el feto presentaba una anencefalia (sin cerebro ni cráneo) por tanto incompatible con la vida extrauterina por lo que establecen una interrupción del embarazo como tratamiento adecuado.
“A pesar de la abrumadora evidencia en contrario, El Salvador sostiene que la vida de Beatriz no estaba en riesgo. Para esto se basa en un peritaje realizado por el Instituto de Medicina Legal que estuvo plagado de irregularidades”, señaló.
“Beatriz estuvo internada 81 días, pero el Estado niega que existía riesgo; había tenido preeclampsia grave en su primer embarazo, pero el Estado dijo que no existía riesgo; tenía enfermedades de base que se agravan por el embarazo, pero el Estado sostiene que no había riesgo; tenía un embarazo anencefálico que produjo polihidramnios (acumulación líquido amniótico), pero el Estado insiste que no había riesgos”, sostuvo Ormar.
Omar hizo énfasis que pese al diagnóstico médico, se sometió a Beatriz a una espera de 81 días, antes de practicarle una cesárea que tuvo graves y permanentes impactos para su salud y puso en riesgo su vida. Además de ignorar por completo su voluntad y su autonomía, por lo que pidieron a la Corte IDH una sentencia que establezca la responsabilidad del Estado salvadoreño por violar los derecho a la integridad, salud y vida de Beatriz.
Estos alegatos finales, junto a recomendaciones de las organizaciones litigantes, exigieron también ante la Corte IDH, generar condiciones jurídicas que aseguren los servicios de aborto seguro emitidas por la OMS. Y que también, se repare integralmente a la familia de Beariz por las violaciones sufridas. Entre otras recomendaciones. Sobre la sentencia de la Corte IDH, esta se dará a conocer a ambas parte a finales del presente año.
