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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la política del Ministerio de Hacienda, que pretende imponer un techo presupuestario arbitrario a la Universidad de El Salvador (UES), las organizaciones universitarias expresaron su indignación y rechazo, ya que estas acciones forman parte de agresiones contra el Alma Máter y otras instituciones, que promueven el pensamiento científico y el bienestar social.
Las medidas impuestas por el gobierno incluyen la exigencia de eliminar plazas llamadas “vacantes”, a pesar que están cubriendo el pago de profesores en diversas modalidades de contrato y financiando otras necesidades educativas en todas las facultades.
“La pretensión de estas imposiciones revela una grave desconexión entre las necesidades reales de la UES y las decisiones gubernamentales, esta contradicción entre la austeridad impuesta a las instituciones educativas y el derroche en las esferas del poder, refleja un manejo irracional e irresponsable de los recursos nacionales”, señalaron las organizaciones.
Asimismo, consideraron que este ataque financiero ocurre en un contexto crítico, donde el gobierno de Nayib Bukele adeuda a la UES más de 45 millones de dólares, los cuales son fundamentales para el funcionamiento y sostenibilidad de la única universidad pública del país.
El dinero adeudado es fundamental para las reparaciones de infraestructura y restablecer los laboratorios, centros de documentación y bibliotecas que fueron dañados durante la prolongada intervención del INDES-MOP, y son indispensables para el funcionamiento y sostenibilidad.
“Esta deuda expresa un irresponsable incumplimiento de las obligaciones del gobierno actual, y perjudica la formación académica de miles de jóvenes salvadoreños, cuya educación es clave para el futuro de nuestra nación, a esto se suma que la política fiscal del gobierno se ha caracterizado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos”, enfatizaron a través de un comunicado.
A la vez, reiteraron que mientras se recortan los fondos para áreas esenciales como la educación superior, es notable un alarmante despilfarro en salarios y beneficios exorbitantes para los funcionarios de alto rango del gobierno y la Asamblea Legislativa, así como cuantiosas inversiones en rubros menos importantes.
Los recortes generalizados en el gasto público, la política de despidos masivos de empleados del Estado, el endeudamiento creciente e insostenible del país, y los indicios de enriquecimiento ilícito de las familias que encabezan el gobierno son señales claras de un proyecto que prioriza intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
