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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Las organizaciones sociales que estamos comprometidas con la defensa de derechos humanos, hemos verificado que no existe registro oficial de casos de violación a los derechos de personas defensoras, porque no existe ni la categoría de persona defensora, de allí, ahí radica la importancia de contar con un marco normativo”, explicó Blanchi Orellana, abogada de FESPAD, integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos (MDDD).
Este anteproyecto “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras y para la Garantía del Derechos a Defender Derechos”, fue entregado a la Asamblea Legislativa el 6 de septiembre de 2018, por las organizaciones que integran la Mesa por el Derechos a Defender Derechos, quienes demandaron de las y los diputados de la comisión de Justicia y Derechos Humanos, agilizar su estudio y aprueben un dictamen favorable para contar con un marco normativo, que tutele los derechos individuales y colectivos de las personas defensoras.
Los datos vertidos por representantes de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos reseñaron que las personas defensoras de derechos humanos, a diario enfrentan condiciones de riesgo y están expuestas a un conjunto de hechos de violencia, que puede ir desde la discriminación, criminalización de líderes o liderezas, amenazas a sus vidas, seguimientos y exclusión, lo que vulnera sus derechos, pese a que estas prerrogativas están reconocidos en marcos normativos nacionales e internacionales de derechos humanos.
“Es por ello con el fin de recordar a los diputados y diputadas, esta preocupante realidad y el deber del legislar para la creación de marco jurídico que proteja a las personas defensoras, tal como lo han manifestado Michael Forst, Relator Especial sobre Personas Defensoras para las Naciones Unidas, así como representantes de la Unión Europea y otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional que se suman a nuestra exigencia”, reiteró Orellana.
Alejandra Burgos de la Colectiva Feminista/MDDD, calificó de “deuda histórica”, la falta de una protección integral a esta población de liderezas y líderes comunitarios o sociales. Así como deja expuestas las carencias del Estado salvadoreño, en dar la debida protección y garantías a personas defensoras de derechos humanos.
“Hay varios casos en el país, allá por 2008 a 2009, los asesinatos de defensores ambientalistas (minería), la criminalización de las defensoras y defensores de Santo Tomás (agua y deforestación), quienes por más de dos años, se enfrentaron a una gran empresa de Centroamérica. También nos preocupa las agresiones y amenazas, que en los últimos días ha recibido el gremio de periodistas en las redes sociales. Son hechos que estamos registrando desde nuestras organizaciones pro derechos humanos, pero no basta con ese registro, sino que necesitamos medidas que garanticen y protejan el derecho de quienes velan por el derecho a defender derechos”, argumentó Burgos. Asimismo, hizo un llamado al presidente Nayib Bukele, a establecer un diálogo público y transparente con las organizaciones sociales, para contribuir a la construcción de un Estado de derecho, sino estará renunciando a un país democrático, así también, respetando a los medios de comunicación en su trabajo de defender la verdad y libertad de expresión.
“El presidente de la República (Nayib Bukele) se reunió con Erika Guevara Rosa y Astrid Valencia de Amnistía Internacional, en donde él se comprometió a respetar los derechos humanos de la población y para abrir un espacio de diálogo con la población civil, y abordar las violaciones de derechos humanos en El Salvador. Nuestro llamado es a los tres órganos del Estado, al ministerio Público y otras instituciones, les recordamos que como Estado, su responsabilidad es respetar y garantizar los derechos constitucionales”, indicó.
Asimismo, la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, lanzó públicamente la campaña “Protegiendo el Derecho a Defender Derechos”, que busca incidir en la pronta aprobación del anteproyecto de ley presentado en septiembre de 2006, Y en especial a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
“La campaña que impulsaremos estos próximos meses, pretendemos evidenciar la necesidad de este marco normativo; si bien hemos tenido espacios de apertura y diálogo con el Órgano
Legislativo, todavía no se han concretado estos gestos buena voluntad, para estudiar y aprobar esta nueva ley de protección a personas defensoras de derechos humanos. Y hacemos el llamado al Ejecutivo que en su Plan Cuscatlán, tiene un apartado para la juventud, esperaríamos que lo concreten en iniciativas”, puntualizó.
