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Melissa Sánchez
@DiarioCoLatino
En el marco del quinto aniversario de la sentencia de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la Ley de Amnistía General, la mesa contra la Impunidad, junto con el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica, presentó un balance de seguimiento de dicha sentencia.
El 13 de julio de 2016 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para los autores de violaciones de derechos humanos durante la guerra, que había entrado en vigor desde 1993.
Las organizaciones manifestaron que las instituciones no han cumplido con las obligaciones por lo que ha “prevalecido un esquema de absoluta impunidad”. La Asamblea Legislativa por su parte no ha creado una ley de reconciliación, basada en el respeto a los derechos humanos que exige la Sala de lo Constitucional.
Seguidamente, el Órgano ejecutivo no ha diseñado políticas públicas para las reparaciones adecuadas a las víctimas de crímenes de guerra; la falta de apoyo financiero a comisiones de búsqueda de personas desaparecidas por parte del gobierno actual, asimismo, la obstaculización de archivos militares.
El Órgano Judicial ha incumplido la sentencia, entre ellos se encuentra: el fallo de la Sala de lo Penal en octubre de 2020, el cual declaró nulidad absoluta de la reapertura del caso contra los autores de la masacre de los Jesuitas, Elba y Celina Ramos.
Mientras que, la Fiscalía General de la República, avanza a pasos lentos en las investigaciones, muchas de ellas han sido desarchivadas y reabiertas por iniciativa de las víctimas y de organizaciones que velan por los derechos humanos, otro problema que encuentran es la falta de presupuesto y el escaso número de técnicos especializados a cargo de más de 150 casos.
“Estamos haciendo un atento llamado a las actuales autoridades estatales de los tres podes del estado y a las instituciones obligadas a que cumplan con los estándares a favor de las víctimas, los estándares del derecho internacional de los informes de la Comisión Interamericana y la sentencia de la Corte Interamericana de derechos con la ya relativa amplia jurisprudencia constitucional de El Salvador establece la obligación de investigar los casos”, mencionó David Morales, de Cristosal.
Para Sonia Rubio, de Fundación Para el Debido Proceso (DPLF), durante estos 5 años ningún órgano del estado ha cumplido con su parte: “la emisión de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de amnistía, la sentencia permitió y removió cualquier obstáculo para el avance de la justicia de los crímenes y dio directrices específicas a cada órgano público en El Salvador; a la Asamblea le dio la orden de emitir una ley, estamos a 5 años y todavía esta ley no se ha aprobado”, expresó.
Por otra parte, Cristosal expuso los casos que han tenido un avance, además, explicó que cada uno de ellos sigue los patrones de impunidad, como la masacre de 6 sacerdotes jesuitas, de Elba y Celina Ramos en 1989, el cual fue determinado como “prescrito”.
“Por el paso del tiempo con más de 10 años no se investigaban los crímenes y se determinaban como prescrito afectando el caso de los jesuitas en el año 2001, el caso ya no se aplicó la amnistía, pero se declaró prescrito”, aclaró Morales.
Otros de los casos es la masacre del Mozote, sucedido en 1981, por parte de la fuerza armada. El caso de los 4 periodistas holandeses asesinados por miembros del BIRI Atonal en 1982, así como el caso del magnicidio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ocurrido en 1980, cuyo autor intelectual es el Mayor Roberto D’Aubuisson, creador de los escuadrón de la muerte.
“El patrón más usual es la “pasividad”, no hacer nada, no cumplir la ley, no investigar, archivar ilegalmente las denuncias o las mantienen abierta, pero realizan diligencias infructuosas y no llega ningún resultado como un comportamiento deliberado para no hacer una investigación seria”, apuntó Morales.
Rafael Segura, víctima y sobreviviente del conflicto armado, afirmó que, con la derogación de la Ley de Amnistía, fue a presentar su denuncia a fiscalía, pero su caso aún no ha sido judicializado. “Cuando me di cuenta de que la ley de amnistía había sido derogada yo con todo el apoyo psicológico que me brindó el IDUCA y la UES tuve el valor de ir a presentar mi denuncia a la fiscalía un 17 de febrero”, manifestó.
También, explicó que como miembro del Comité de Ex-Presos Políticos de El Salvador (COPPES), tiene 11 casos de sobrevivientes de tortura y solamente uno ha sido tomado en cuenta por la fiscalía, sin embargo, la investigación no ha avanzado a pesar de que les entregaron todas las pruebas. “No tiene voluntad de judicializar, quieren más impunidad, quieren salvaguardar la identidad del victimario”, concluyó Segura.
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