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Oscar A. Fernández O.
Construir el poder popular significa que el pueblo organizado vaya asumiendo los espacios del Estado, for sale pero de un Estado que, ante la aplicación de este principio constitucional, necesariamente debe ser redimensionado en su concepto, alcance y función; representa esto la enorme tarea de cambiar modelos e incluso cambiar el significado, la filosofía y estructura del Estado oligárquico-burgués salvadoreño. Sin este cambio es imposible desarrollar en la práctica el principio de democracia participativa que revolucione el sistema político del país.
Cuando en las izquierdas revolucionarias se intentamos definir democracia revolucionaria, creo que estamos reflexionando acerca de las bases para la construcción del modelo político de una sociedad distinta, una sociedad de cambios profundos, dónde en principio, el poder omnímodo del capital sea supeditado y el pueblo participe efectivamente en las grandes decisiones del Estado.
Este modelo aún en discusión, establece la diferencia tajante con la democracia oligárquica-burguesa impuesta en El Salvador o la democracia del establishment, que es el modelo con el cual Washington y el FMI han querido uniformar América Latina y el mundo. De aquí, es que una estrategia de resistencia y alternatividad a la homologación política se impone sin dilación. No hay duda que otra realidad mejor es posible en El Salvador. La tesis sobre “el fin de la historia” es quizás la aseveración más limitada jamás hecha con tanto ímpetu. La historia no acaba, lo sabemos porque lo hemos estudiado, advertido y porque esta experiencia se ha concebido como teoría. La lucha de clases continua tan vigente como el capitalismo.
Por su parte, las izquierdas reformistas tan en boga hoy frente a la confusión ideológica y la alineación al “nuevo orden”, están cayendo en la trampa que les ha tendido el poder económico a través de su entramado mediático y académico: trabajar en las transformaciones sociales y políticas que le resuelvan los problemas colaterales al gran capital. Es decir, trabajar para consolidar el modelo imperante. El objetivo pactado es reducir las condiciones sociales y políticas que siempre han precedido a las tormentas revolucionarias del siglo pasado. Estas causas históricas comienzan a resurgir cada vez con más fuerza, sobretodo en Latinoamérica.
Los propósitos de estas “izquierdas” reformistas son la transición y aceptación ordenada del sistema, una democracia política un poco menos centralizada, los cambios controlados dentro del orden, en fin lograr la compatibilidad entre “democracia, derecho y capitalismo”, una perversa falsedad que la historia demuestra que es contradictoria. La aparente compatibilidad entre democracia y capitalismo siempre dependió de la capacidad con que la democracia burguesa consiguió a través de conflictos controlados y de consensos manipulados, promover una aparente y poco significativa redistribución de la riqueza y la estabilización de los trabajadores y las clases medias, haciendo con esta promoción una palanca para el desarrollo del modelo para el que trabajan. El Estado capitalista es una respuesta a la necesidad de mediar en el conflicto de clases y de mantener un “orden” que reproduce el dominio económico del gran capital (Daniel Reis: El Manifiesto comunista 150 años después)
Un nuevo modo de vida conscientemente orientado y construido podría ser la idea de una democracia revolucionaria, dónde el pueblo decida y establezca la institucionalidad sobre el derecho de recibir los beneficios sociales edificados por el esfuerzo conjunto de toda la sociedad, estableciendo lo que básicamente necesiten para reproducir su existencia con dignidad: salarios, seguridad alimentaria y pensiones adecuados, y provisión universal de los servicios de seguridad social. Esto presupone, en una primera etapa la preeminencia de un Estado social, el sometimiento del poder económico privado y el proceso de creación de otra cultura, la de los nuevos valores de la solidaridad y el derecho a que las personas decidan los rumbos de su existencia, teniendo a su base la igualdad social.
La democracia revolucionaria, posiblemente deberá establecer la limitación entre desigualdad máxima y definir igualdad básica y esto no solo según la capacidad de cada quién como ha sido la tradición socialista, sino también según las opciones de cada individuo por un modo de vida, cuyo objetivo no necesariamente sea idéntico al de los demás, en términos de exigencias materiales.
El trabajo ya dejaría de ser esclavizante y en varias actividades el tiempo libre quizás será mayor, porque se ha demostrado que el trabajo aisladamente, no es la medida absoluta para responder a las necesidades de cada persona. La democracia revolucionaria será el inicio de la ruptura radical con el Estado actual y el orden establecido, y el punto de partida para que el pueblo construya conscientemente, una nueva realidad de derecho, justicia y desarrollo equitativo.
La estrategia de organización de la democracia revolucionaria, pasa por repensar la forma y naturaleza actual del Estado, debilitado por la voracidad neo capitalista, preconcebido como un administrador del gran capital y supeditado a los designios de un supra poder global, que succiona la soberanía.
El capitalismo desvirtuó el sufragio universal desde el mismo momento en que lo adoptó como forma de dominación política. La existencia de una oligarquía política con intereses comunes en los partidos tradicionales, como representantes orgánicos de la clase dominante, es un ejemplo. Una oligarquía que usurpa la representación popular y por tanto la democracia real. Se trata de un proceso histórico que habiendo surgido de la reivindicación obrera y democrática (Los sans culottes en la revolución francesa), fue asaltado por los capitalistas transformándolo en un mecanismo contra la democracia.
Existe una relación estrecha e indisoluble entre los objetivos y los instrumentos. No se puede luchar para superar la alienación con instrumentos organizativos alienantes. No se puede luchar por la democracia con métodos antidemocráticos. O sea, para no inducir a confusión con métodos elitistas y de delegación sin control. La democracia revolucionaria (es decir el poder real y control por la base, formas rotatorias de responsabilidad, rendimiento de cuentas permanente, posibilidad de revocación de cargos, limitación estricta de mandatos, ausencia de privilegios para los representantes) es la alternativa frente a las formas burocráticas de organización que van de arriba abajo, primando las estrategias electorales, con “dictadura de los permanentes” sobre el conjunto de la sociedad o las bases de los partidos políticos.
Así pues, no habrá democracia revolucionaria sin movimiento político popular y no hay un movimiento popular, sin la organización de las masas en la lucha por transformar la realidad en un mejor país. Sin demos, pueblo trabajador, o como queramos llamarlo, no hay democracia. Sin bloque social, sin alianzas entre las clases subalternas, sin construcción de un proyecto social y político apto, no para gestionar los presupuestos del Estado actual, sino para transformar la sociedad, todos los logros de la elite política gobernante por la democracia, serán débiles y víctimas de un “contragolpe” que ya preparan los poderes de facto y sus testaferros políticos de la derecha.
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