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Gloria Silvia Orellana
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La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), a través del Observatorio Género y Justicia Ambiental, realizó un conversatorio sobre el impacto de la contaminación ambiental de la industria en El Salvador.
“En el tema de la problemática ambiental y la seguridad alimentaria, las condiciones de vulnerabilidad y el cambio climático para las mujeres, es un tema de relevancia nacional”, expresó Vilma Vaquerano, coordinadora del Área de Observatorios e Investigaciones de ORMUSA.
“Y nos centramos en un tema de importancia, como la contaminación de la industria, en sus diversas producciones, y los diferentes desechos que generan, que tienen afectaciones en la salud y en el medio ambiente”, agregó Vaquerano.
“Sabemos que la industria es uno de los vulneradores de un medio ambiente sano y en estos espacios tenemos como objetivo, así como el Observatorio y programa a traer a la mesa de discusión estas problemáticas, derivadas de políticas económicas que a veces, no son congruentes o no generan los equilibrios necesarios entre los derehos ambientales y la sobrevivencia”, reafirmó Vaquerano.
La Industria contamina aguas y suelos
Sobre los impactos de la contaminación industrial, dijo Ivanía Minero, de la Asociación Fundación para el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), se refleja en la disponibilidad y calidad del agua, ya que un 86% del agua en El Salvador es “mala o muy mala” , lo que limita su uso para el consumo humano y la vida acuática de las especies.
“El Estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) da cuenta que dentro de las muestras analizadas se encontraron “coliformes fecales y fenoles” , siendo la industria del café, uno de los principales emisores”, afirmó.
“También, se encontraron fosfatos, fertilizantes agrícolas probablemente sean la principal fuente de contaminación (MARN 2017) , y metales pesados, en particular arsénico y boro, situación que llevó a prohibir cualquier nueva inversión en la industria minera en 2017, porque estos contaminantes pueden provocar enfermedades graves y afectaciones directas a la salud de las familias”, manifestó Minero.
Minero agregó que el 90% de los ríos del territorio nacional se encuentran contaminados, y que sólo el 5% de las aguas superficiales pueden ser aptas para el consumo humano.
“Nuestro río Acelhuate, sabemos que son 5 empresas que lo han dañado bastante, y a esto se suma la población. Actualmente, somos 2.6 millones de habitantes en El Salvador, en donde el 60’% vive en la zona metropolitana, lo que genera una gran contaminación ambiental”, sostuvo.
“Y si sumamos los malos hábitos de no botar la basura en su lugar, y las industrias que disponen de sus desechos de forma no adecuada, y el aumento de la industrias como turismo generan más basura, entonces, debemos crear políticas públicas y dar educación para contribuir a no seguir contaminando más al medio ambiente”, dijo Minero.
Señalaron que el país carece de datos precisos sobre la extensión de tierras dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, pero existe un estimado que el 70% de la tierra cultivable se utiliza para este monocultivo, que por su carácter extractivo de agua y la contaminación que genera por pesticidas, abonos y herbicidas, está impactando a los pobladores de las comunidades aledañas.
El Observatorio Género y Justicia Ambiental señaló que estos cálculos son planteados en función de los resultados de la cosecha anual en estas localidades que colindan con el cultivo de la caña de azúcar. Así como también, la escasez de agua que se agrava, tras citar datos de la investigación realizada por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que afirman que este cultivo requiere del riego intensivo, y para irrigar una hectárea se necesitan aproximadamente 5 mil metros cúbicos de agua al año.
“Esto equivale aproximadamente a tres veces el consumo anual per cápita de una persona en El Salvador, y si agregamos los agroquímicos en todos los ciclos de producción, como el glifosato, el paraquat y 2,4D, que según la investigación del Dow Agro Sciences y la Organización Mundial de la Salud, señalan al Glifosato como sustancia cancerígena”, explicó Minero.
“Las comunidades han manifestado, en reiteradas ocasiones, que el incremento de la producción del cultivo de caña de azúcar ha traído como consecuencia enfermedades como la Insuficiencia Renal Crónica (IRC), diabetes y daños al medio ambiente en donde destaca la explotación y contaminación de los suelos”, alegó.
Crisis climática debe contar con medidas gubernamentales
Vilma Vaquerano dijo que es importante que ante el contexto actual de “crisis climática”, se debe implementar, de manera “urgente”, medidas y políticas, frente a las inequidades de género y los puntos críticos que se derivan del accionar ambiental.
“Es urgente dar cumplimiento a las leyes ambientales adecuadamente. Es vital también para garantizar un medio ambiente sano a la población, regular los plásticos de un sólo uso, prohibir los agroquímicos altamente tóxicos y los desechos contaminantes de diversas industrias”, señaló.
Sobre los marcos jurídicos, agregó que se debe contar con un marco de “Ley de Cambio Climático”, como otros países que han establecido regulaciones en prevención y planificación para así dar respuesta de manera urgente, coordinada y sostenida a los impactos de los fenómenos climáticos.
“Este marco jurídico debe comprender un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático y la participación amplia de la ciudadanía y organizaciones, en el diseño, planes y acciones relativas a la adaptación climática”, consideró.
“Es prioritario diversificar la producción agrícola orientada a la seguridad alimentaria, mediante incentivos diferenciados a nivel territorial para reducir los altos niveles de vulnerabilidad en las zonas rurales e implementar estrategias como la restauración de ecosistemas para impulsar el desarrollo de la economía rural. Y es necesario incorporar una perspectiva ambiental con enfoque de género“, puntualizó Vaquerano.
