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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
Datos de la Fiscalía General de la República demuestran que nueve de cada 10 victimarios de acoso sexual son hombres y nueve de cada 10 víctimas son mujeres.
En su mayoría estas violaciones, basadas en el género, tienen su origen en las relaciones desiguales de poder. En 2016, solo cuatro de 10 casos de acoso sexual fueron judicializados y tres condenados, demostrando el bajo nivel de juzgamiento de estos hechos.
Para Carmen Urquilla, coordinadora del programa de derechos laborales y económicos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), es necesario revisar la normativa a favor de los derechos de las mujeres, en especial el tema procesal respecto a la vulneración de derechos laborales.
“Recomendamos que se continúe la discusión a nivel de la Asamblea Legislativa, en específico por la Comisión de Trabajo, la discusión del Códiago Procesal Penal, que tiene dos años de estar en discusión y ha presentado pocos avances”, manifestó Urquilla, para quien esto demuestra la poca voluntad de los legisladores en solucionar esta problemática que afecta a la mayoría de las mujeres salvadoreñas.
Ante esto, ORMUSA presentó la campaña Empleos Dignos Libres de Violencia Laboral, a fin de promover la denuncia de esta problemática que es bastante recurrente en los lugares de trabajo.
Según el artículo 10 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la violencia laboral comprende las acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados que constituyan agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional.
Una de las preocupaciones de ORMUSA es la retardación de justicia. Aseguró que el promedio de tiempo invertido en los juicios laborales desde que se presenta la demanda hasta que se ejecuta la sentencia definitiva es de más de tres años, considerando los tiempos de apelación y casación.
Indicó que es necesario promover marcos normativos para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral que afecta particularmente a las mujeres.
