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Iosu Perales
Cuando Nicaragua resistía los ataques de la Contra, organización criminal que con apoyo de la CIA pretendía derrocar al gobierno sandinista, el recinto de la UCA (Universidad Centroamericana) en Managua, era un recinto de paz, un templo del saber, donde miles de jóvenes se formaban para hacerse cargo de un país. Los ruidos de la guerra que también se oían en las ciudades nunca pudieron enterrar los estudios académicos, los debates, las publicaciones sobre el estado del país y su necesario desarrollo. En ese esfuerzo, el padre Xavier Gorostiaga difundía la propuesta de una economía mixta que tanto necesitaba Nicaragua. Más tarde, tan sólo hace cuatro años, la UCA fue refugio de la población perseguida por la policía y el ejército, ahora mal llamados sandinistas, que disparaban indiscriminadamente y sumaban nombres a su catálogo de muertos.
Ahora, hoy, el pasado día 15 de agosto el régimen de Daniel Ortega ha dispuesto la confiscación de todos los bienes de la UCA. Con ello Ortega cierra el círculo de muchas semanas de cerco de a la universidad. Su clausura significa el regreso a un desierto académico, la perdida de una fuente del conocimiento sin igual en Nicaragua. La confiscación de la UCA responde a una política de tierra quemada, a una apología de la ignorancia que recuerda al general español que una vez gritó en la universidad de Salamanca ¡Abajo la cultura!, jaleando una política de puños y pistolas y de viva la muerte.
Lo cierto es que un sandinismo de comportamientos facciosos expulsa a los jesuitas de Nicaragua lo que constituye un terremoto que obliga al pronunciamiento público de partidos, instituciones, universidades. Ya es paradójico que en 1990 fuera la UCA quien concediera el doctorado “honoris causa” a Daniel Ortega, por su contribución a la democracia en Nicaragua. Una muestra más de cómo hay títulos académicos poco o nada fiables
¿Qué busca el régimen con esta medida? Avanzar en su proyecto de anular la libertad de pensamiento y de crítica. La idea de partido único hace tiempo que está detrás de las medidas que va tomando la dictadura. En realidad, desde septiembre de 2018, tras la gran represión de abril, Nicaragua está sometida a un estado policial de facto. Fundada en 1960, por los jesuitas en plena dictadura somocista era la primera universidad privada de Centroamérica, uno los últimos espacios donde se promovía el libre pensamiento en un ambiente de reconocimiento internacional. Cerrando la UCA, se acaba.
Muchas personas vinculadas a Nicaragua estamos sumidas en la perplejidad. La autocracia en su grado más alto está destruyendo la vida cultural, la vida crítica, el intercambio y el debate, la creación del conocimiento, la investigación. La locura de los dos personajes que mandan sobre el país (Daniel Ortega y Rosario Murillo) parece tener una meta: la concentración del poder y del sectarismo intolerable.
La UCA tiene hoy 5.000 estudiantes de grado, 500 docentes de planta, 200 colaboradores. Es la universidad mejor equipada de Nicaragua. El régimen le acusa de ser un nido de terroristas ¿Cuál será el siguiente paso del régimen? ¿Tal vez cerrar la catedral? ¿Quizá prohibir la lectura de libros de Sergio Ramírez y Gioconda Belli? ¿Tal vez quemar en una pira los libros de poetas disconformes con el Gobierno?
Lo cierto es que el régimen hace tiempo que cruzó las líneas rojas. Deberían surgir iniciativas internacionales que presionen a la dictadura. Un esfuerzo en el que las izquierdas del país y de la región deberían poner fin a cualquier vínculo amistoso con la dictadura. El caudillismo de Daniel Ortega y de la médium Rosario Murillo degrada a todo un país. Es significativo que la dictadura del gobierno salvadoreño de Alfredo Cristiani golpeara mortalmente a la UCA de El Salvador a finales de 1989. La autocracia de Nicaragua lo acaba de hacer ahora.
