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Carta Económica
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El debate sobre la crisis económica en El Salvador, incluyó recientemente el tema de la manipulación de la información macroeconómica, esto a partir de la filtración de un documento oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI), que fue elaborado para el Banco Central de Reserva (BCR) bajo una asistencia técnica en estadísticas de cuentas nacionales. Una de las conclusiones que mayor impacto ha causado es que la estimación del PIB nominal es 14.4% menor que la estimación que se tiene en el presente, esto equivale a decir que el PIB actual es menor en 3,722.43 millones de dólares, es decir que nuestra economía es más pequeña económicamente hablando y que hemos estado manejando parámetros sobre estimados en cuanto ingreso percápita, proyecciones de ingresos tributarios o subestimado en cuanto a la relación Deuda/PIB, tasa de fiscalidad global, etc. Si esta sobre estimación es cierta, las condiciones económicas y sociales del país son de una gravedad mayor a las que en la cartaeconomica.com hemos venido sistematizando. Es de recordar que esto no es una noticia nueva, ya que el ex presidente del BCR, Dr. Carlos Acevedo manifestó públicamente que el PIB estaría sobre estimado un 20%; también, existen consultorías (Evaluación de la dolarización en El Salvador Informe Ely – BCR) al interior del BCR relacionadas con el problema de la dolarización que igual mencionan este aspecto del PIB, además de ser un debate que ADESES ha sostenido desde los años 2005 y 2006, durante la administración del ex presidente Elías Antonio Saca, cuando cambió la orientación del PIB que claramente iba hacia una recesión, esto a partir de alterar las estadísticas del PIB Agropecuario.
Es necesario enmarcar este estudio en un proceso que el BCR está llevando a cabo desde el año 2009 y se ha anunciado que concluirá en diciembre próximo para actualizar el sistema de cuentas nacionales. Actualmente el país se rige por estándares de un Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) que datan de 1968. Estas normativas las establecen las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI para homogenizar las estadísticas nacionales de diversos países y poder hacerlas comparables. La normativa más reciente sobre SCN proviene de 2008 y los países comienzan a pasar desde la metodología anterior (SCN-1993, que los gobiernos de El Salvador no aplicaron en su momento) su generación de estadísticas de cuentas nacionales.
Este proceso resulta largo, en la medida que precisa reajustar la metodología estadística para la recopilación y estimación de cifras de diferentes sectores. Sobre todo, tomando en cuenta que actualmente existen muchos sistemas paralelos desconectados, de modo que la transmisión de la información entre diferentes equipos se hace de manera poco eficiente, la actualización de información se realiza en etapas y no siempre alcanza a todos los equipos por igual, bajo la metodología utilizada estos años anteriores, no existe un buen control de revisiones de datos. Es decir que para el cálculo del PIB, el BCR se limita a las estadísticas provenientes de fuentes como la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), el Ministerio de Economía (MINEC), el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Si bien la sobre estimación del PIB está influida por estos aspectos metodológicos de cambio de año base y reajuste de cuentas macroeconómicas, también existe evidencia que el PIB ha sido conscientemente alterado para disfrazar las tendencias reales de la economía salvadoreña. Según Carlos Acevedo, ex presidente del BCR, durante la administración de Elías Antonio Saca el MAG reportaba cifras burdamente infladas de producción agrícola. El Censo Agropecuario de 2007 refleja que existían 390 mil productores en el país, mientras el MAG reportaba haber entregado más de 500 mil paquetes agrícolas.
En la revisión de las fuentes de referencia antes de ejecutar el censo para construir un marco de productores complementarios se revisaron bases de datos del MAG con los beneficiados de los distintos programas y los DUIS de agricultores se encontraban hasta 11 veces repetidos. Productores que eran beneficiados con la entrega de paquetes de semilla y con insumos para sus animales (ganado) eran doblemente contabilizados en los registros del MAG. Luis Felipe Trigueros, Director de Economía Agropecuaria realizó presiones al Ministerio de Economía para no publicar el Censo con sus cifras originales, sosteniendo una reunión con el entonces asesor técnico de la Ministra de Economía, Lic. Juan Carlos Rivas, quién se rehusó a hacerlo y en cambio se tomaron decisiones de congelar su publicación posterior al proceso electoral presidencial.
El caso del MAG es el más documentado, sin embargo brinda elementos para desconfiar de las estadísticas de otros rubros en ese período. Estas manipulaciones realizadas en el PIB se realizaron con el propósito de ocultar las tendencias de la economía, que desde entonces mostraban el fracaso del modelo neoliberal que los gobiernos de ARENA impulsaron en El Salvador.
El crecimiento del PIB desde finales de la década de 1990 se mantuvo alrededor del 2% y en el tercer trimestre de 2003 mostró un quiebre hacia la crisis, llegando al 1.5% en el tercer trimestre de 2004. A partir de entonces el crecimiento del PIB incrementó hasta alcanzar el 4.2% para el cuarto trimestre de 2005 y se mantuvo alrededor del 4% hasta el cuarto trimestre de 2007, cuando las cifras no se podían sostener por la crisis internacional. Este incremento estadístico de la producción total se sostuvo con tasas de crecimiento del sector agropecuario que casi alcanzaron el 10% en el período. Sin embargo, un crecimiento tan pronunciado no es coherente con los datos arrojados por las Encuestas Agropecuarias de la Dirección General de Economía Agropecuaria y el IV Censo Agropecuario 2007-2008.
En diciembre de 2009 se creó un comité técnico que estuvo integrado por representantes del MAG, la DIGESTYC y el BCR que tuvo como principal fin generar un informe comparativo de las datos del Censo con las encuestas, concluyendo que las cifras del Censo deberían ser publicadas y que el MAG tenía que iniciar un proceso de fortalecimiento de su marco derivándolo del mismo Censo y su metodología. Esto, para generar estadísticas más confiables.
La crisis que se intentó ocultar con la manipulación de cifras en el último gobierno de ARENA, es precisamente el resultado de las reformas de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) y el Programa de Estabilización Económica (PEE) que dieron paso a la construcción del neoliberalismo en el país.
En primer lugar, la apertura del mercado con exportaciones de bajo valor agregado que son competitivas por salarios paupérrimos y exenciones fiscales. En segundo lugar, la completa liberalización de la cuenta de capitales de la balanza de pagos que ha hecho de El Salvador un exportador neto de capitales, es decir que los flujos de dólares que salen del país son mayores a los que entran. En tercer lugar, la tercerización de la economía doméstica, es decir, el empuje de la economía en sectores de servicios en detrimento de la producción agrícola o industrial, combinado con los demás factores esto se vuelve un círculo de bajo crecimiento. En cuarto lugar, la coincidencia de la liberalización comercial, la desregulación financiera y el bajo crecimiento llevan al país irremediablemente a una situación donde la deuda se vuelve el mecanismo de sostén de la economía, dinámica que se completa con la dolarización que viene a acumularse en el proceso de menoscabo de competitividad del país, en su apertura total y pérdida de parte del Estado del control del Sistema Financiero lo que lo hace quedarse sin una de las herramientas básicas para poder orientar y promover la economía: la política monetaria, que implicó a la vez perder la política cambiaria, crediticia del Estado y la emisión de su propia moneda. Por último, este debilitamiento económico fue producto igual de un proceso de privatización, que además de trasladar gratuitamente valores subestimados, en un marco viciado capital del Estado a la burguesía oligárquica salvadoreña y al capital transnacional, provocó la profundización del debilitamiento estructural de las finanzas públicas, que hizo que el Estado entrara en un proceso de lo que llamamos la “Trampa de la Deuda”.
Un ajuste del PIB en los términos planteados mostraría el agravamiento de tendencias que ya se marcan bajo el modelo neoliberal salvadoreño. El auge de la liberalización comercial se evidencia en la relación que tiene el valor del comercio internacional total con respecto al PIB, en 1990 fue de 49.8%, reflejando que el total de exportaciones e importaciones realizadas representaban cerca de la mitad de la producción nacional. Para 2015, con las estadísticas oficiales, dicho indicador alcanzó el 68%. Con el ajuste del PIB, el indicador subió hasta el 79.4%, lo cual denota una economía totalmente extrovertida con la economía internacional. Lo anterior, a la vez y resultado de este proceso, hace que el saldo de la cuenta corriente muestre una agudización del déficit crónico que alcanzó 4,154.46 millones de dólares, un 18.8% del PIB ajustado. Una economía insostenible económicamente por su alta dependencia del ahorro externo y la no existencia de fuerzas productivas o recursos naturales renovables o no renovables para revertir este proceso que parece estar llevando a la economía a un colapso, que con el ajuste del PIB puede darse más rápido de lo que se esperaba.
El incremento de este déficit comercial genera la necesidad de divisas en la economía salvadoreña. Esta necesidad, se ve atenuada por el flujo de divisas en concepto de remesas, que permiten cubrir gran parte del déficit comercial y el esquema monetario dolarizado. Sin embargo, fuera de las remesas, lo que cubre el flujo de divisas son los generados por el capital transnacional, primero por el incremento de la deuda, en segundo lugar con niveles cada vez más bajo la inversión directa y tercero alguna inversión cartera, que en los últimos años marca un proceso de retirada. No obstante, los capitales que se movilizan hacia estos países serán los que busquen rentabilidad mayor a la esperada en las economías más avanzadas y, por tanto, las características de los capitales será rentista, con las empresas transnacionales con menor respeto a los derechos laborales, sociales o ambientales y los capitales financieros más especulativos.
Por su parte, la IED se encuentra bajo la lógica de los circuitos transnacionales de acumulación, en la búsqueda de reducir costos, principalmente a través de costes laborales, beneficios fiscales y pocas regulaciones a la inversión, que le permita extraer de la economía en la que se localiza, los mayores ratios de rentabilidad posible. Los datos muestran que en los últimos 15 años las empresas transnacionales han extraído 11,035.6 millones de dólares en concepto de utilidades y 3,598 millones de dólares por repatriación de la inversión, un total de 14,633.4 millones de dólares. Los flujos de entrada de capital en el mismo período suman 10,814.9 millones de dólares, es decir que los flujos anuales con respecto a la inversión extranjera resultan en saldos negativos para la economía salvadoreña.
Estos procesos han provocado desequilibrios estructurales en la economía salvadoreña. El crónico déficit en el balance comercial y la salida exacerbada de capitales de parte del capital transnacional y la burguesía oligárquica nacional con la venta masiva de las empresas más importantes en cuanto a su dimensión de capital y control de mercados monopólicos, esto tanto en el área de la industria de bienes y servicios (CESSA, La Constancia, TACA, los 4 Bancos que dominan y manejan el sistema financiero nacional), así como en el sector comercio, la transnacionalización del sector de comercialización al por mayor y al por menor, los fast food, etc.), ocasionan una mayor dinámica de salida de capitales y de dependencia al ahorro externo y, por tanto, una dinámica de endeudamiento insostenible no sólo del Estado, sino que de toda la economía. Las cifras de estas tendencias con el PIB ajustado muestran una dinámica aún más crítica y ratifican nuestras afirmaciones, que en este modelo económico nuestra economía no podrá crecer más allá de los niveles históricos demostrados de entre menos del 1%, 2% o el 2.5%, esto en una clara tendencia a una recesión interna de carácter estructural de graves consecuencias, si no se cambian las tendencias analizadas.
El déficit en la Balanza Comercial pasó de 2,163 millones de dólares en el año 2001, a casi 5 mil millones en el 2015, el déficit en Ahorro e Inversión pasó de un saldo positivo anual en los años 2000 y 2001, a un saldo negativo anual de más de 665 millones de dólares en 2015. Todos estos desbalances se han incrementado de manera muy agresiva en el período de la dolarización y TLC, así podemos ver cómo el déficit fiscal pasó de 399 millones en el año 2000 a más de 800 millones en 2015.
Solamente estos tres balances han generado una presión por obtener ahorro externo que en el año 2001 era de 2.5 mil millones de dólares, a 5.7 mil millones en el 2015. Esta presión significó el 24.7% del PIB, con los datos oficiales actuales, pero con el ajuste alcanza cerca del 30% del Producto Interno Bruto.
Este análisis es importante en la medida que la dolarización implica que las necesidades de financiamiento sean cubiertas por dólares. Debido a que el país no posee capacidad de emisión monetaria, la necesidad de la divisa se resuelve en los mercados externos, así se puede decir que en el país toda deuda es externa. Esto implica que deben pagarse con los flujos de recursos del exterior, generados por las exportaciones, remesas, donaciones del exterior o por más endeudamiento.
De modo que para entender mejor el panorama se requiere un análisis de la Deuda País, que permita dimensionar la situación de la deuda y capacidad de pago. El problema de la deuda se ha agravado en los últimos años, al término del 2014, al sumar la deuda pública total y la deuda privada externa se encuentra una deuda país que totalizó $22,156, equivalente este monto al 92% del Ingreso Nacional Bruto. Pero si a esta deuda se le suma la deuda previsional a valor presente que es de 24,664 millones de dólares, la deuda país se incrementa a $46,720 millones de dólares, equivalente al 193% del Ingreso Nacional, lo cual demuestra la gravedad de la situación del endeudamiento del país.
La situación es más crítica al observar cómo se ha profundizado el endeudamiento, no sólo del Estado, sino de las empresas privadas y los hogares. Si a la deuda pública total se le incluye la deuda externa del sector privado y la deuda de los hogares y las empresas con la banca a nivel local, resulta que la economía salvadoreña ha llegado a un nivel de endeudamiento al cierre del 2014 equivalente a los 56,914 millones de dólares, el 236% del Ingreso Nacional Bruto.
Con el ajuste al Producto Interno Bruto, los ratios de deuda aumentan, la deuda pública sin pensiones pasa del 60% al 70% del PIB y la deuda país total llega al 255.3% del PIB. El aumento de estos ratios de deuda significaría un incremento en el costo de la deuda. Actualmente, el país posee un peso de la deuda en el PIB 15% superior con respecto al promedio de los países en la misma categoría de inversión, lo que hace que el costo del financiamiento sea 4 puntos porcentuales mayor, el país paga en promedio 12.7%, mientras que el resto de esa categoría un 8.7%. Un incremento de un 10% del ratio de deuda, que el FMI y Moody’s lo estimaban para 2020, podría afectar el costo del financiamiento cerca de un 3% adicional.
Esa carga de endeudamiento expresa que la economía salvadoreña se sostiene a base del crédito. En la medida que el país no genera recursos externos netos, la trampa de la deuda no es un tema sólo de las finanzas públicas, sino que de toda la economía en su conjunto. Esto implica buscar una solución a esta crisis generada por la falta de política monetaria y la posibilidad de poder responder ante una crisis con una moneda nacional. Sin embargo, estas cifras están siendo utilizadas para crear un contexto que presione al Gobierno a adoptar medidas fiscales de carácter contractivo, como el congelamiento de plazas, mayor focalización de subsidios, mantener salarios mínimos, reformas paramétricas en el sistema de pensiones, reducción de impuestos empresariales y aumento del IVA. Esto último en un país donde las empresas tributan el 4.1% de su excedente bruto de explotación (4.8% con el ajuste del PIB), mientras la presión tributaria de los hogares es del 25.1% de sus ingresos (29.3% con ajuste del PIB).
