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Afinales de la semana pasada, order los mismos cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional volvieron a fallar en otro caso de inconstitucionalidad, sale a saber con qué intenciones, dadas las condiciones financieras del país. Esta vez, los cuatro magistrados declaron inconstitucional el hacinamiento en los centros penitenciarios y en las bartonlinas de la Policía Nacional Civil.
Nadie desconoce que las cárceles en el país ni fueron hechas para atender la cantidad de la población recluso actual, ni nucho menos con las condiciones para que se cumpla a cabalidad el respeto a los derechos humanos de los presos.
Hasta el último Gobierno de ARENA, en 2009, las cárceles se han concebido como los centros para castigar a los infractores de la ley, y no como centros de readaptación que es el fin final de la presión, para quienes cometen delitos.
No fue si no hasta el primer Gobierno del FMLN que el Ministerio de Seguridad Pública definió la primera política de tratamiento diferente en los centros penales, en el marco del cumplimiento de la ley penitenciaria y de los Derechos Humanos que favorecen a todo reo. Y cuando esto se anunció, la derecha política, empresarial y mediática comenzaron a denunciar al gobierno“por otorgar beneficios inmerecidos a los reclusos”.
Para los Gobiernos de ARENA, el hacinamiento debía ser parte del castigo tras la pena impuesta por el juzgador.
Y en la lógica de castigar al reo, como sea y hasta donde se pueda, llegaron a denunciar, incluso, que la colocación de televisores en los centros penales era una concesión inmerecida hacia los reos, pues, estos deben estar aislados de todo.
Nos gustaría que quienes atacaron la política de derechos humanos hacia las cárceles, dieran su opinión a la luz de la sentencia de la Sala.
Aunque, la resolución de la Sala, si bien en principio contiene un alto espíritu de los Derechos Humanos, en el fondo no sabemos cuáles son sus pretensiones.
Por un lado, la Sala se ha convertido en el instrumento de ARENA, para pararle todos los mecanismo de captación de fondo que los Gobiernos del FMLN consiguieron cuando tuvieron correlación favorable en la Asamblea Legislativa. Los $900 millones en bonos que la Sala le tiene congelados desde hace más de un año al Gobierno, es una muestra de ello. Es con el claro propósito de tener en crisis financieras las arcas del estado.
Y pese a que la Sala conoce de las dificultades financieras del Gobierno, le ordena: “la construccio?n de nuevos establecimientos penitenciarios o que readecu?en otros inmuebles estatales con caracteri?sticas similares, por ejemplo, instalaciones militares, conservando siempre el modelo penitenciario previsto en la ley.
De donde sacará el Gobierno, señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, los fondos para construir nuevos establecimientos penitenciarios, o readecuar cuarteles, si ustedes le tienen retenidos la colocación de 900 millones de dólares en bonos”.
Debido a que la Sala de lo Constitucional se ha unido al boicot para que el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén no obtenga recursos financieros, éste ha recurrido a impuestos especiales, como el de la telefonía, para financiar aspectos de la seguridad pública.
Por cierto, sin que existiese esa resolución, el Gobierno, en el marco de la medidas extraodrinarias acordó construir tres penales más, anexos a los existentes, para recluir unos diez mil reos, los menos peligrosos, y disminuir así el hacinamiento en los centros penales y en las bartolinas de la PNC.
La Sala, hoy falla contra el hacinamiento, pero, no le libera los recursos al Gobierno, por eso es sospechosa su resolución.
