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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
La publicación del 4 de mayo de la lista de deudores tributarios indica que 12, medicine 519 personas naturales y jurídicas adeudan al Estado $372, pills 639, see 334.03; esta publicación se realiza gracias a la reciente reforma de dos artículos del Código Tributario (277 y 277-A). Antes era prohibido por esa misma ley, dar información pública sobre los deudores lo que fue una manera de usar la influencia del gran capital en los diputados de derecha para proteger sus intereses, a la vez que critican a la autoridad tributaria de ser ineficiente en el cobro de impuestos.
La publicación ha causado malestar en un segmento de empresarios grandes, pero sobre todo en la directiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Las reacciones son diversas, los grandes medios ignoran el hecho en sus espacios noticiosos, o se limitan a poner en duda la legalidad de hacerlo. A pesar de ello una gran parte de salvadoreños ahora sabe que muchas empresas deben millones al fisco y que el conocimiento público de tal circunstancia les hace sentirse ofendidos al punto de disponer de bufetes de abogados pagados por la ANEP para demandar al Estado por haber publicado esa lista o acudir ante juzgados a demandar a medios digitales en los que se han presentado y comentado el hecho.
Cómo cambian la conducta respecto a la transparencia y a la legalidad cuando se trata de encubrir su irresponsabilidad social, pues la primera y más grande responsabilidad de cualquier empresa es pagar sus impuestos. Con respecto a sus clientes es otro escenario, pues todos hemos aprendido que deberle a un almacén o un banco nos acarreará un cobro judicial, una calificación de moroso que representará castigos y lo aplicaran otras empresas; pasa a formar parte del record “crediticio” de la persona a lo largo del tiempo. Se les manda a una lista que sirve a otros para evitar otorgar créditos, se suspenden los servicios, se embargan los salarios, se les cobra a través de diferentes medios publicando sus fotografías y nombres completos o se les quitan los electrodomésticos por falta de pago. Para actuar así contra un deudor del sector privado siempre se encontrará una base en la política comercial y en una o varias leyes, tan viejas como la práctica de vivir endeudados.
Antes de aplicar la ley el año recién pasado se aprobó un decreto transitorio en el cual se estableció un período para pagar deudas líquidas con el incentivo de dispensar los intereses y multas para que los deudores se pusieran al día, antes de la finalización de ese decreto temporal la Sala de lo Constitucional mandó a suspenderlo con lo cual se afectó al Estado que recuperaría fondos y al particular que podía beneficiarse de la dispensa de intereses y multas.
Lo que el Ministerio de Hacienda ha hecho es legal, es inédito sí. En el pasado, legalmente le impedían brindar información sobre los morosos. Ahora se buscarán los juzgados y a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional para que declare ilegal o que multe al Ministerio por publicar y los jueces castiguen a los medios alternativos que han publicado esa lista de prominentes empresas que adeudan cientos de millones de dólares al fisco.
Pero un mecanismo de respuesta de la argolla dorada está más bien en el golpe que se pretende dar a las finanzas del Estado, a la previsión de reforzar la inversión en seguridad y política social de inclusión; en este contexto en el cual por primera vez se publican los morosos del fisco, se ha acudido a la Corte Suprema de Justicia a pedir que declare inconstitucional un decreto legislativo en virtud del cual se autoriza al gobierno a emitir hasta 900 millones de dólares. Los argumentos no pueden ser más burdos, dicen que el dictamen se votó cuando ya debía estar en el archivo porque en el primer momento solo alcanzó 55 votos y al pedir la reconsideración de la votación votó un diputado suplente. ¡Vaya pretexto!
Más claro no puede estar el objetivo de asfixia financiera y desestabilización de la reacción derechista, por un lado se dejan de pagar impuestos calculados como ingresos previstos en el presupuesto de cada año y por otra golpea en los ingresos por impuestos y por créditos. Lo mejor es que paguen los impuestos y que respeten las decisiones de las instituciones. La población salvadoreña debe juzgar estas conductas anti patrióticas, condenarlas y seguir exigiendo que cumplan su responsabilidad, al fin y al cabo esos ingresos producidos son resultado del trabajo y de condiciones creadas para la generalidad como educación. El no pago de impuestos es otra forma de incrementar la desigualdad social, fuente de males sociales mayores.
