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Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa
El día de navidad, cuando las personas procuran tener momentos de alegría y esperanza renovada, se supo la triste noticia: tres personas, una adulta de 33 años y dos niñas adolescentes de 13 y 15, murieron atropelladas, por un carro cuyo conductor estaba ebrio, cuando cerca de la medianoche, previa a la navidad, transitaban a pie, en celebración navideña, en la carretera del litoral a la altura del Cantón El Socorro, caserío Río Blanco, jurisdicción de Zacatecoluca, Departamento de la Paz. Las martirizadas por el monstruo masacrador de humildes se llamaban Digna Patricia Cornejo, Vanessa Beltrán Cornejo y Patricia Cornejo González.
El hecho trágico puede verse como uno más entre los accidentes de tránsito. Ya vendrán los propagandistas del estatus quo o sesudos analistas diciendo “eso pasa en todas partes” o “siempre hay muertos”.
Más allá de la simpleza y de la zoncera, es oportuno examinar este grave hecho de fatales consecuencias.
Desde el Estado, como mandatario de la sociedad, existe la obligación política de llevar a cabo programas para prevenir y disminuir homicidios, suicidios o muertes accidentales y, cuando suceden, tomar las medidas que sean necesarias.
En materia de muertes violentas, para diseñar y poner en práctica políticas públicas, es conveniente tener indicadores internos de país y comparados con otros países, sobre los orígenes de aquellas que se ubican en diversas categorías: conductas homicidas, delincuencia, suicidios, accidentes de trabajo u hogareños y desastres desde la naturaleza. Todas ellas pueden y deben ser afectadas por cursos de acción gubernamental y del Estado ya sea para prevenirlas o minimizarlas o hacer ajustes y enmendaduras por los daños causados.
En las causas de la muerte de las mártires de Río Blanco, ubicadas como resultado de accidentes en las carreteras, concurren varias, como son:
• Infraestructura deficiente (carente de iluminación o de senderos peatonales seguros),
• condición de precariedad campesina que obliga a las personas a transitar en esas condiciones en pos de algo tan elemental como es divertirse sanamente la nochebuena
• la irresponsabilidad de un conductor ebrio corroborando con esto que gran parte de la seguridad integral surge del interior de las personas,
• desamparo de los de abajo para ser victimizados sin posibilidad de compensación para ellos o sus familiares de parte de responsables, ya sea por acción u omisión.
Las carreteras y los automóviles, como instrumentos para que los humanos se transporten y ejerzan su libertad de transitar, se convierten en armas de letalidad social. En El Salvador, dicen las cifras oficiales, hay unos 4 muertos diarios por accidentes de tránsito. Eso significa que para 2022 se tendrán unos 1,460 muertos por esas causas, cifra que, para efectos comparados con otras realidades, equivale a 22 por cada 100 mil habitantes.
Cuando se revisan los informes de la OMS sobre la letalidad de los accidentes de tránsito se tiene que, en cifras redondeadas, en las Américas la tasa es 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes; en Europa, 10 y en África, 27.
En realidad, el enemigo principal de la sociedad salvadoreña, a vencer, es el subdesarrollo que se ensaña principalmente en los de abajo o, para decirlo con lenguaje rebuscado, las personas que están en los tres quintiles inferiores de la estructura de ingresos del país.
La muerte en las carreteras por accidentes de tránsito y conexos es una de las facetas de ese poliedro trágico de la realidad que nos impone el inveterado, arraigado y terco subdesarrollo. Superar el subdesarrollo es el reiterado desafío que tienen por delante los dirigentes de El Salvador para el 2023. Ojalá, el próximo año la vida florezca y sea protegida en nuestro país y marchemos con paso firme hacia una sociedad educada y desarrollada.
