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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En la Asamblea Legislativa se aprobarán reformas al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), entre ellas la que autoriza la emisión de partidas de nacimiento, que históricamente ha sido facultad de las municipalidades.
Otros contenidos de la misma reforma establecen tasas por servicio a los actos constitutivos, modificativos y extintivos de una persona, en buena cuentas, el asiento de las partidas de nacimiento, modificaciones al nombre, matrimonio, divorcio y defunción. Las municipalidades no dejarán de asentar partidas o modificaciones, pero su trabajo estará al servicio de la entidad centralizada (RNPN) que, a su vez, dependerá del ministerio de Justicia y Seguridad.
Ya antes, el ministerio de hacienda despojo de recursos aprobados en los presupuestos de 2019, 2020 y 2021 y en préstamos, para atender necesidades de la pandemia, y esta legislatura, por mandato presidencial, eliminó en la práctica la ley del FODES (Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipalidades), lo redujo de 10% de los ingresos por tributos a 1.5%, y creó una entidad centralizada para “hacer obras municipales”.
En la práctica, también hicieron de lado las autoridades municipales oficialistas, a la Ley de Servicio Civil, a la Ley de la Carrera Municipal, a la Ley de Garantía de Audiencia para los empleados públicos, para los empleados no comprendidos en la carrera administrativa.
Solo falta que anulen la Ley Tributaria Municipal y la que les permite imposición de multas administrativas. En suma, el camino que se traza y se ejecuta sobre el régimen de municipalidades es el del fin de la autonomía reconocida en la Constitución de la República y el retorno al régimen del municipio colonial, en el cual los municipios tenían simplemente funciones de cobro de tributos para las autoridades coloniales y para la corona española.
Con estos hechos ocurre un parecido más con el gobierno del General Maximiliano Hernández Martínez, que suprimió la elección de autoridades municipales en la Constitución de 1939, que estuvo vigente hasta 1945.
Centralización de funciones y control de recursos, control de la identidad, eso está implícito en las reformas que serán aprobadas por el oficialismo en la Asamblea Legislativa, sin duda será en medio de toda la fanfarria del gobierno, un malestar más en sus propias filas, pues es difícil que sus seguidores aplaudan de verdad, los actos ordenados por el Ejecutivo, en contra de la autoridad que legalmente ganaron con el voto popular.
La autonomía de los municipios tiene su origen en la idea de respetar a la ciudadanía que reside en una demarcación territorial y tiene gobierno propio para establecer ordenanzas, que mejoren las condiciones de vida de la comunidad. Y siempre fue reconocida en las diferentes constituciones promulgadas.
Pero la autonomía municipal, en un sentido más amplio, establecida en la Constitución de 1983, cobró sentido después de los Acuerdos de Paz y, con la lucha de alcaldes y alcaldesas del FMLN en 1997, se logró la descentralización de recursos, que es el sentido de la LEY FODES y con ello ganar capacidad propia de administrar sus recursos, aprobar su presupuesto, y poder apoyar el desarrollo local, base de cualquier desarrollo nacional.
El municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la organización estatal, y ahora, el gobierno central, ignorando la Constitución vigente, está anulando su capacidad de cumplir con lo que nuestra Carta Magna y las leyes del régimen municipal establecen.
Por ahora, a las autoridades municipales electas, mayoritariamente postuladas por el partido oficialista Nuevas Ideas, contemplan pasivamente el despojo de recursos, facultades, y autoridad, esa conducta la pagará la ciudadanía porque, con ello, el único recurso que les queda es aumentar impuestos, tasas municipales y acosar a las pocas empresas y ciudadanos de sus municipios.
En síntesis, el pueblo paga los antojos contra reformadores del gobierno de Nayib Bukele, y esta vez con el cobro de servicios que en algunos municipios eran menos onerosos y otros que eran prestados por el RNPN sin costo para el ciudadano.
