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Tal pareciera que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sickness esperan como agua de mayo, medical como se dice popularmente, prostate cualquier recurso de inconstitucionalidad que promueva la derecha, dirigido a afectar a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo.
El más reciente y polémico caso es el que interpusieron el ex vicepresidente de la República, Borgo Bustamante, Roberto Rubio y Abraham Rodríguez, contra la Ley de Presupuesto 2014, para evitar que el Ejecutivo pueda utilizar 1.4 millones de dólares, provenientes de tres ministerios, que serían utilizados para el traspaso presidencial.
Es cierto que la Sala solo resuelve si la parte interesada promueve los recursos, pero, extrañamente, cuando se trata del campo político, al admitir la demanda también acepta la medida cautelar. En este caso, ha suspendido que el Gobierno del Presidente Mauricio Funes, utilice fondos de los Ministerios de Salud, Seguridad y Defensa para financiar los actos del traspaso de la banda presidencial.
Lo curioso es que dichos fondos fueron autorizados por la Asamblea Legislativa, tal como lo ordenaba una anterior resolución de la Sala, en el tema de las transferencias ministeriales o de autónomas.
Luego de finalizado el proceso electoral, el Presidente Funes solicitó a la Asamblea Legislativa transferir a Relaciones Exteriores, ministerio que se encargará del evento del traspaso presidencial, $400 mil de la Defensa Nacional), $204,760 de Justicia y Seguridad Pública, $400 mil Educación y $400 mil de la cartera de Salud.
Es cierto que, gracias a la transparencia que en el presente Gobierno se maneja, producto de una política de transparencia que se instauró en este Gobierno, y por las leyes de transparencia, incluida una Sentencia de la Sala de lo Constitucional, toda transferencia de fondos debe pasar por la Asamblea, y por lo tanto, es de carácter público.
No obstante, varios analistas de derecha, incluidos los que interpusieron el recurso ante la Sala, y medios de comunicación, armaron un escándalo por la suma, que obligó a la Comisión que prepara el traspaso de la banda presidencial, y el mismo Presidente Electo, Salvador Sánchez Cerén, a reducir los gastos. El Presidente Electo, inclusive dijo el miércoles, que el gasto se ha reducido al 40%, por lo que, seguramente, no se utilizarán los fondos de esos ministerios.
Es cierto que la Sala no inventó el recurso, y tiene la obligación de darle respuesta, pero, la prontitud en aceptarlo, y sobre todo, aceptar el acto reclamado, es decir, impedir que se utilicen los recursos, deja pensar que hay otra motivación, más allá de la utilización de los fondos, en tanto que no pondrían en crisis las labores de los ministerios en mención.
Y si recordamos que hace unos meses ARPAS y otras entidades de la sociedad civil interpusieron un recurso de incontitucionalidad por la forma de transferir las frecuencias del espectro radioléctrico, al aceptarlo, no le dieron importancia a la suspensión del acto reclamado. Si en aquel momento la Sala hubiese aceptado la suspensión de la subasta, solicitado en el recurso, la SIGET no hubiera hecho esa rara maniobra de poner en subasta seis frecuencias televisivas, que han generado un intenso debate sobre la democratización del espectro radioeléctrico.
Lo importante es que pese a la resolución preliminar el país será testigo de otro importante evento político en el país, al desarrollarse el acto de la transmisión de la banda presidencial a otro Gobierno del FMLN, y las críticas de posibles sesgos en la Sala de lo Constitucional seguirán in crescendo.
