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Por Leonel Herrera*
El aparato de propaganda gubernamental ha presentado la captura de la alcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, como un acto de lucha implacable contra la corrupción. La edil, miembra del oficialista partido Nuevas Ideas (NI), será procesada por los delitos de “apropiación indebida de cuotas laborales, incumplimiento de deberes en perjuicio de la administración pública y malversación de fondos públicos”, según el requerimiento penal de la Fiscalía. Su detención sucedió después de varios días de protestas de trabajadores municipales que denunciaban el no pago del aguinaldo y de salarios del mes de diciembre.
Como en todas las movidas comunicacionales importantes del oficialismo, el propio presidente Nayib Bukele dio el banderillazo de salida. “En El Salvador nunca se combatió la corrupción y mucho menos contra funcionarios del mismo partido de gobierno. Pero si queremos avanzar como sociedad, debemos entender que esto es una necesidad y que es ineludible. Hay que arrancar lo malo para que pueda crecer lo bueno”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter, retomando la publicación de la Fiscalía que anunció la captura.
(https://twitter.com/nayibbukele/status/1608283382798057472?cxt=HHwWgIC8nebN4tEsAAAA)
A la señal del comunicador en jefe se alinearon como siempre diputados, activistas, youtubers, troles y medios de comunicación oficiales (y oficialistas), que presentan la detención de la alcaldesa de NI como una acción genuina de defender los intereses de la población frente a funcionarios que “se desvían del buen camino” y actúan como “los mismos de siempre”.
Vale decir que la Alcaldía de Soyapango no es la única que debe salarios y prestaciones laborales a sus empleados, pues hay denuncias de trabajadores en otras comunas del país que están en impago debido a la crisis financiera provocada por el mismo gobierno de Bukele que les redujo significativamente los fondos FODES. Pero es la alcaldesa Montano la pieza que el oficialismo decide “sacrificar” para bajar la presión social, mantenerse en campaña permanente y mandar un falso mensaje de lucha contra la corrupción.
El mensaje es falso porque no se corresponde con la realidad, ya que la práctica general del régimen bukelista se caracteriza, entre otras cosas, por la falta de transparencia, rendición de cuentas y verdadera lucha contra la corrupción, que se evidencia en una larga lista de acciones que confirman la opacidad que domina en la actual administración gubernamental. A continuación, algunas de éstas.
Desde que inició este gobierno, en junio de 2019, cerró el acceso a la información pública desnaturalizando las Oficinas de Información y Respuesta (OIR), cooptando al Instituto de Acceso a la Información (IAIP) y arremetiendo contra el periodismo de investigación que destaparon casos de corrupción, sobre todo irregularidades en el manejo de fondos públicos durante la pandemia de COVID 19. Medios como El Faro, Factum, Gato Encerrado y otros fueron rápidamente descalificados, estigmatizados, atacados digitalmente y espiados varios de sus periodistas.
Casi dos años después, en mayo de 2021, tras lograr el control absoluto de la Asamblea Legislativa, la bancada oficialista y sus aliados GANA, PCN y PDC (que en su momento también fueron aliados de ARENA y del FMLN) reformaron la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y aprobaron normativas como la llamada “Ley Alabí” para cerrar aún más el acceso a la información, evitar rendir cuentas e impedir que se investigue la corrupción. Sumado a esto, el gobierno evadió disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en compras de insumos durante la pandemia, en el actual estado de excepción y para la asignación de megaobras de infraestructura que tiene proyectadas.
También, en mayo de 2021, aprovechando la súper mayoría parlamentaria, el bukelismo destituyó al entonces fiscal general Raúl Melara, quien estaba investigando las negociaciones del gobierno con las maras y los casos de corrupción presentados por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). En su lugar, fue impuesto el actual fiscal Rodolfo Delgado, quien de inmediato suspendió las referidas investigaciones, según denunció el ex fiscal anticorrupción German Arriaza.
(https://www.diariocolatino.com/german-arriaza-revela-que-fgr-cerro-investigacion-sobre-pacto-entre-pandillas-y-goes/)
Un mes después, en junio del mismo año, el gobierno y la Fiscalía, ya controlada por el bukelismo, rompieron el convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para cerrar la CICIES. Dicha comisión había presentado a la Fiscalía doce casos de posible corrupción y dado asistencia en otros veinticinco, lo cual habría sido la razón del cierre de la comisión que fue una de las principales promesas de campaña del ahora presidente Bukele.
Por todo esto es imposible que la detención de la edil soyapaneca sea un auténtico acto de anticorrupción del régimen bukelista, por mucho que insista el omnipotente y omnipresente aparato de propaganda oficial o por más que lo crean algunas personas ignorantes, ingenuas o que en su buena fe creen que este gobierno no miente y engaña. Cualquier valoración seria y consecuente con la realidad concluirá que el nuevo acto propagandístico del oficialismo es sólo un espectáculo político para los seguidores del presidente o -como diría el sacerdote jesuita Rodolfo Cardenal- otro show para “la fanaticada”.
*Periodista y activista social.
