En la formación de una ley hay varias instancias y/o varios aspectos en el proceso. En primer lugar, que la Asamblea Legislativa apruebe la ley; luego, que el presidente de la República la apruebe, observe o la vete. Si hay observaciones, la ley regresa a la Asamblea Legislativa para enmendarlas; si es vetada, existe la posibilidad de que en la Asamblea se reúnan los 56 votos para superarla. Ante este escenario, el presidente tiene dos opciones: aceptar la superación del veto o llevar el tema a la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, para que sea este órgano del Estado quien dirima quién tiene la razón.
Ayer, una vez más, en segunda ocasión, la Asamblea superó el veto presidencial, esta vez a las reformas al Código Electoral que incluía la foto de los candidatos a alcaldes municipales en la papeleta de votación. El veto fue superado con 64 votos.
Este veto presidencial fue bastante curioso, pues, el presidente de la República, Nayib Bukele siendo candidato presidencial y, antes, siendo candidato a alcalde, abogaba porque la foto del candidato a alcalde se colocara en la papeleta de votación.
De ahí que no se deja de entender el porqué del cambio de opinión.
Es cierto que incluir la foto del candidato o candidata en una papeleta de votación encarece la impresión de las mismas; pero, tratándose del voto popular y, por ende, de la democracia electoral, el costo es secundario.
Algunos se preguntan el porqué del cambio del presidente Bukele al vetar la ley, y solo se lo explican, a partir de conjeturas, como el hecho que dado que el partido formado por el presidente Bukele seguramente presentará candidatos en las municipales, en las próximas elecciones legislativas y municipales, con personajes “reciclados” de la política que él mismo ataca como “los mismos de siempre”, teme tener alguna amonestación del electorado.
Obviamente, es el presidente quien tiene la respuesta, que seguramente no la externará, pero, será esta la que lo lleve a aceptar la actuación de los diputados o acudir, una vez más, ante la Sala de lo Constitucional para que sea esta quien decida.
Si sucede lo segundo, lo lógico es solicitar a la Sala que resuelva con prontitud, para no afectar otra resolución de la Sala, en el sentido de resolver un año antes de un proceso electoral, cuando tenga que ver con temas de carácter electoral como el aquí expuesto.
Esperamos, además, que los seguidores del presidente, sobre todo en las redes sociales, sepan dirigir sus enojos o reveses, pues, claro está, que lo actuado hasta hoy por el Ejecutivo y la Asamblea es producto del orden institucional de El Salvador.
Es importante, además, que cada órgano del Estado actúe apegado a la ley, y no por conveniencia o miedo.
El miedo a las reacciones de los líderes o en las redes sociales puede orientar a quienes pueden decidir a tomar -justamente- decisiones equivocadas.
En los primeros meses de gobierno del presidente Bukele, casi todos los diputados parecían que eran empleados del inquilino de la Casa Presidencial, pues a todo le decía que sí; hasta que, a principios del mes de octubre, superaron un veto presidencial a las reformas a la Ley de Salud.
Esa superación del veto se logró ayer nuevamente, cuando 64 diputados “oprimieron el botón” -como suele decir el presidente cuando “ordena” a los diputados aprobarle cualquier petición-, para superar el veto a las reformas al Código Electoral.
Es importante, y así lo debe considerar la ciudadanía, que cada órgano del Estado tiene su propio rol y, por ninguna razón, estos deben actuar por presión o por miedo, sino, apegado a la ley, sin descuidar por supuesto “…la colaboración entre sí…”, tal como lo establece la Constitución en su artículo 86.
Es decir, se debe actuar por “colaboración” o conveniencia para el pueblo, y nunca por miedo o con el afán de hacer fracasar al representante de otro órgano de Estado.
Y si el presidente Bukele acude nuevamente ante la Sala de lo Constitucional para que dirima este nuevo impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo, debe entenderse como parte del proceso, y solo debería esperarse que los magistrados de la Sala de lo Constitucional resuelvan de acuerdo a la ley, y no por presiones, pues eso también pondría en duda y en peligro la independencia de los jueces.
Habría que esperar entonces qué es lo que decida el presidente Bukele, y qué resuelven los jueces, si el caso llega a su instancia. Lo importante es que debemos entender que los vetos son parte del proceso de ley, y la superación del veto presidencial también. Así de simple. No es cuestión ni de otro mundo, “ni de perversidades procesales en el plano político jurídico”.