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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Con 67 votos a favor, la Asamblea Legislativa amplió la vigencia del régimen de excepción. La medida estatal lleva más de 2 años de haberse implementado, pese a existir múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos, como capturas arbitrarias, torturas dentro de lo penales y hasta el deceso de inocentes.
Según las cifras que da a conocer el Gobierno sobre los resultados del régimen de excepción, se han capturado a 79 mil presuntos pandilleros, se han decomisado 8,122 vehículos, 3 mil armas de fuego y presuntamente, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 1.5.
Esta es la vigésima quinta prórroga que los parlamentarios aprueban de esta herramienta que ha llevado “paz y tranquilidad a la población”, según el discurso de los oficialistas. Es de contextualizar que si bien, la cantidad de pandilleros detenidos ha sido significativa y que, en los territorios, la población dice sentirse más segura, no opaca las múltiples denuncias de familiares de personas que nada tienen que ver con pandillas y han salido afectados debido a las acciones de los que están en el poder.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que no se puede olvidar, que “venimos de un país convulsionado, de generaciones acostumbrados a escuchar sobre guerra, violencia, asesinatos, robos, violaciones, extorsiones, desapariciones”, en referencia a las pandillas que gobernaban los territorios.
Para el oficialismo, el régimen de excepción es la herramienta que garantiza la seguridad de los salvadoreños, ya que han detenido a casi 80 mil presuntos pandilleros. Pero ha dejado a centenares de personas inocentes detenidas.
Organizaciones de la sociedad civil presentaron hace unos días un informe sobre los dos años del régimen de excepción, elaborado a partir de 6,305 denuncias de violaciones de derechos humanos, que se traducen en 16,289 hechos o afectaciones a derechos.
El diputado por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, sostuvo que han pasado 2 años desde que los salvadoreños están sometido a un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales. “Es momento de buscar la forma de regresar al debido proceso sin perder los resultados obtenidos”.
“Debo enfatizar que no se pueden permitir más atropellos ni sacrificar a los miles de inocentes y sus familias que han sufrido bajo un régimen autoritario”, subrayó el legislador de oposición.
