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César Ramírez
@caralvasalvador
Es sospechoso y muy significativo que durante los últimos quince años o más, el botón de los asesinatos delictivos estuviera fuera de control gubernamental y ahora con la Administración Bukele las acciones terroristas terminan de un día para otro (no muertes), es motivo de alegría, pero sucede que las publicaciones del periódico el FARO denunció el pacto del GOES-Pandillas, ese acto involucra a funcionarios actuales como en años anteriores, donde ministros y funcionarios están involucrados; esa denuncia de resonancia mundial no ha sido desmentida, ni siquiera negada con acciones verídicas, por el contrario se observa el encubrimiento, incluso desde las cárceles una conferencia de prensa de los privados de libertad… La voz popular no se equivoca, esas conferencias fueron un teatro ¿qué hace la Fiscalía?, ¿investigará en profundidad los acontecimientos?… Estas acciones en esencia cruzan los límites constitucionales e incluso los fallos de la Sala Constitucional que decretó inadmisibles los tratos con pandillas, es una acción que atenta contra la República puesto que viola las normas de legalidad institucional.
Cuando nos hablan de reformas constitucionales, deberíamos observar la violaciones constitucionales en esta administración Bukele: 9 de febrero, detenciones arbitrarias a ciudadanos en pandemia, cercos militares en Metapán, La Libertad, Corinto, Morazán, Exigencia de la prueba PCR a salvadoreños en aeropuerto, etc. todas ellas en desobediencia o desacato de la Sala Constitucional; la recientemente la emisión de CETES (Certificados del Tesoro) por $645 millones es un decreto incierto porque existe una demanda en la Sala Constitucional (22/SEP/2020), este catálogo de acciones dibujan la tendencia autoritaria de la administración, podemos predecir hacia donde será la Reforma Constitucional.
Otro evento significativo es el acceso a la información pública ¿qué podemos esperar con las muestras que tenemos? por ejemplo: dudosos datos de la pandemia manejados por venezolanos mercenarios de la imagen, se niega las nóminas de los empleados de Casa Presidencial, los archivos del Mozote, los presupuestos del Hospital El Salvador, las compras gubernamentales a empresas familiares, las compras del Ministerio de Agricultura, el subsidio de los $300… etc.
El conjunto de estas acciones prefiguran un panorama desalentador de las reformas constitucionales y además me parece un procedimiento precipitado, puesto que el artículo 268 constitucional Título X Disposiciones transitorias: “Se tendrán como documentos fidedignos para la interpretación de esta Constitución (…) etc.”… Mal el pacto de pandillas, peor será la Reforma…
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