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Bogotá/AFP
Hector Velasco
El pacto de paz que permitió el desarme de las FARC en Colombia entró en «su punto más crítico», tras la captura de un negociador de la exguerrilla Jesús Santrich, requerido en Estados Unidos por narcotráfico.
Así lo advirtieron, por separado, el ahora partido de izquierda y el gobierno de Juan Manuel Santos.
«Con la captura de nuestro camarada Jesús Santrich el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso», dijo el portavoz Iván Márquez en un comunicado leído a la prensa en Bogotá.
Santrich, quien debía asumir uno de los diez escaños parlamentarios cedidos a los otrora rebeldes marxistas, fue detenido el lunes en Bogotá por pedido de Estados Unidos.
El exnegociador de paz podría ser extraditado a ese país donde enfrenta cargos por conspirar para el envío de diez toneladas de cocaína, advirtió el presidente Santos.
Según las autoridades, Santrich intentó seguir con actividades del narcotráfico luego de firmado el acuerdo a finales de 2016, lo que lo excluye de los beneficios jurídicos que blindan a los exguerrilleros frente a los requerimientos de la justicia norteamericana.
Sin embargo, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció que este arresto forma parte de un «plan orquestado por el gobierno de los Estados Unidos con el concurso de la Fiscalía colombiana».
Llamado a la calma
El comisionado de paz del gobierno, Rodrigo Rivera, coincidió en que la paz enfrenta su crisis «más seria, grave y delicada» desde que empezó la implementación de lo pactado.
De 51 años y con deficiencia visual, Seusis Pausivas Hernández, conocido como Jesús Santrich, fue detenido antes de la visita que iba a realizar el fin de semana el presidente Donald Trump a Colombia.
La Casa Blanca anunció este martes la cancelación del viaje, así como también de la asistencia del mandatario a la Cumbre de las Américas de Lima.
Santrich está preso en la sede de la fiscalía donde inició una huelga de hambre. Otras tres personas fueron detenidas en el operativo, aunque no se ha confirmado su vinculación con la otrora organización rebelde.
«Es claro que estamos frente a otro montaje de la torcida justicia estadounidense, como sucedió con los procesos llevados contra Simón Trinidad», preso en una cárcel norteamericana, recalcó Márquez.
Suscrito a finales de 2016 tras cuatro años de negociaciones en La Habana, el acuerdo de paz permitió el desarme de unos 7.000 excombatientes el año pasado.
El pacto, que terminó con un enfrentamiento de más de medio siglo, está en implementación y está previsto que esta etapa dure 15 años.
Todavía falta que los implicados en delitos atroces confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia para que reciban penas alternativas a la prisión.
Los exguerrilleros han acusado al gobierno de Santos de múltiples incumplimientos, en medio del conflicto que todavía persiste en algunas partes del país y que es financiado en gran parte por el narcotráfico.
A todos ellos «los invitamos a mantener la calma, a no aceptar la provocación (…) Es indiscutible que se pretende forzar la desbandada del proceso para justificar la continuidad de la violencia», señaló Márquez.
Aunque los dirigentes han descartado su regreso a la guerra, planea el miedo de que muchos exintegrantes de la guerrilla retomen las armas.
Cita de urgencia
Aunque el grueso de los rebeldes se desarmó, cientos más se apartaron del proceso y hoy integran las llamadas disidencias que cuentan con unos 1.200 combatientes.
Al mismo tiempo el gobierno combate a grupos armados del narcotráfico e intenta sellar un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa reconocida en Colombia.
En medio de los temores por una eventual reactivación de la violencia, la FARC, el partido surgido de los acuerdos, pidió una cita de urgencia con Santos.
Le pedimos al presidente «que cumpla el acuerdo y la palabra empeñada, refrendada recientemente», señaló su portavoz.
Así mismo, solicitó una reunión con «los países garantes, Cuba y Noruega», así como con Naciones Unidas y la Unión Europea para analizar la situación.
La crisis desatada por la captura de Santrich estalló apenas unos días después de que el nuevo partido de izquierda lanzara un SOS frente a la «situación de precariedad» que rodea los 26 territorios donde se concentran los excombatientes.
En esas zonas no hay «condiciones dignas» de salud, vivienda, servicios públicos, como tampoco está garantizada la seguridad alimentaria o el desarrollo económico, según la FARC.
